El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por considerar que la destrucción de la vivienda de una familia gitana en la Cañada Real, el pasado noviembre de 2023, constituye una vulneración de la la intimidad personal y de la inviolabilidad del domicilio.
Estas actuaciones, consistentes en la demolición de una vivienda en la que residía un hombre gitano, se produjeron sin «un procedimiento administrativo que respaldase las actuaciones referidas». Esto es, cumpliendo una decisión arbitraria del Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid y sin darle oportunidad alguna para ejercer sus derechos. Ese mismo día se derribaron un total de cuatro viviendas, en las que vivían distintas familias gitanas, aprovechando su ausencia durante unos días.
La sentencia, con fecha del 30 de septiembre, es el resultado de un procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales interpuesto con el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano (FSG). Además, se ha establecido una indemnización a favor de la víctima afectada de 15.000 euros, por destruir el que era su hogar desde hacía más de una década.
Desde la Federación Secretariado Gitano celebran esta sentencia, que ha sido contundente al afirmar que los derribos no fueron realizados de forma legal, ya que van en contra de lo que dispone la Constitución y las leyes de este país. Son prácticas contrarias a la legislación y los derechos fundamentales y se producen en un contexto de discriminación contra las personas gitanas.
