MADRID, 09/07/25. La Plataforma del Tercer Sector, PTS, se ha reunido con la Dirección General de Política Económica, por tercera vez, para abordar la reforma de la Ley de Desindexación de la Economía Española. La organización ha apremiado para que se produzca se impulse una reforma que considera clave para la sostenibilidad del sector.
En la reunión han participado, por parte de la PTS, Carlos Susías, Juan Antonio Segura, y María José Juanes, . Durante el encuentro, el vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, ha alertado que la actual normativa impide la revisión de precios en contratos de servicios y conciertos sociales, lo que está comprometiendo la sostenibilidad de muchas organizaciones sociales que gestionan, en colaboración con las administraciones, servicios públicos esenciales. En este momento, las entidades sociales, con contrato con la Administración Pública, deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato, y los elevados niveles de inflación están resultando deficitarios para las organizaciones.
Nueva regulación por razones de interés social
El Comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector, Juan Antonio Segura, ha explicado la iniciativa «Más sostenibilidad, mejores servicios» que promueve la actualización de los precios en los contratos públicos. Esta propuesta contempla la eliminación de la desindexación de contratos en materia de servicios sociales, que se lleven a cabo con entidades sociales. También incluye la revisión periódica de los costes de los servicios, ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación.
La Plataforma ha recordado que el tercer sector es un agente clave para la defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía. Las entidades sociales desempeñan un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social de nuestro país y son un aliado clave para el sector público. Además, las ONG llegan, en muchas ocasiones, allí donde no alcanzan las administraciones públicas, garantizando derechos y facilitando el acceso a servicios fundamentales.
