Madrid.-07/09/2026.- La Alianza por la Crianza, formada por Save the Children, Federación Española de Familias Numerosas, Federación de Familias Monomarentales (FAMS), la Asociación de Madres Solteras por Elección y la Unión de Asociaciones Familiares, denuncia que la vuelta al cole evidencia, un año más, la insuficiencia de las políticas públicas de apoyo a la crianza en España y pide una mayor inversión en infancia de manera urgente teniendo en cuenta las diferentes realidades de la diversidad familiar.
Las organizaciones de la Alianza advierten de que garantizar el acceso a la educación no puede limitarse a la escolarización gratuita. El derecho a la educación también implica poder participar plenamente en la vida escolar sin que el coste de libros, material, comedor, transporte o actividades complementarias suponga una barrera.
«La educación es un derecho, no un privilegio. Ningún niño o niña debería comenzar el curso en desventaja porque su familia no puede asumir los gastos que conlleva la escolarización», subrayan las entidades. Por ello, reclaman una mayor inversión en la educación pública y más apoyo a las familias a través de becas de comedor, gratuidad de libros de texto, ayudas para material escolar, medidas de conciliación… de forma que se garantice la igualdad de oportunidades.
Reclamaciones
La Alianza por la Crianza reclama la puesta en marcha de una prestación universal por hijo o hija, de carácter estable y suficiente, que ayude a compensar el coste real de la crianza y alcance a todas las familias, con refuerzos específicos para aquellas que afrontan mayores dificultades y riesgo de pobreza o exclusión social, como las familias monomarentales, familias numerosas, de origen migrante o con niños o niñas con discapacidad.
Asimismo, insta a reforzar la inversión pública en infancia y familia para acercarla a la media europea y desarrollar políticas que permitan conciliar realmente el empleo y los cuidados.
Las organizaciones que integran la Alianza reafirman su compromiso de seguir impulsando políticas públicas universales, inclusivas y basadas en los derechos de la infancia, que respondan a la diversidad familiar y garanticen que ningún niño o niña vea limitadas sus oportunidades por la situación económica de su hogar.
