Madrid.-05/11/2026-. De cara a la Cumbre del Clima en Antalya, que se celebra en Turquía (COP31), del 9 al 20 de noviembre, Greenpeace exige a los gobiernos que aprovechen esta cita clave para acordar el abandono de los combustibles fósiles y evitar así rebasar el límite de seguridad de los 1,5 ºC.
En el caso de España, que estará inmersa en la campaña electoral previa a los comicios generales del 29 de noviembre, la organización exige al Gobierno que lidere en Turquía la respuesta para frenar la crisis climática y de precios, ambas provocadas por la dependencia del petróleo y el gas.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, ha advertido que «la COP31 marca el momento del año en que los gobiernos tienen que presentar avances para enfrentar la emergencia climática que ya padecemos. La inacción o los acuerdos descafeinados de años anteriores nos han traído hasta aquí, con unas emisiones mundiales que aún no han dejado de crecer, mientras las petroleras siguen obteniendo beneficios desproporcionados a costa de la ciudadanía y agravando incendios forestales, sequías y lluvias torrenciales».
“Las soluciones existen, pero falta determinación política. Tanto la COP31 como las elecciones del 29N deben marcar un punto de inflexión: exigimos un plan de abandono de los combustibles fósiles para 2040 que anteponga la vida, la justicia climática y la soberanía energética frente a la codicia corporativa y el negacionismo”, ha añadido Saldaña.
El caso de España
El año 2026 ha vuelto a marcar un trágico precedente en España: el país ha registrado los peores y más mortíferos incendios de su historia, el verano con mayor número de días bajo olas de calor, más de 6.000 muertes vinculadas a las altas temperaturas, así como devastadoras inundaciones derivadas de la dana Adam en la Comunidad Valenciana. A la factura humana de esta crisis se suma la factura socioeconómica de los eventos meteorológicos extremos, que en 2025 supusieron un coste estimado en España de 12.200 millones de euros.
La COP31 también estará marcada por el aumento del coste de la vida que ha provocado la guerra de EEUU e Israel en Irán. La geopolítica de los combustibles fósiles ha supuesto un zarpazo energético global, desatando un fenómeno de «inflación fósil» o fosilflación que encarece la cesta de la compra, dispara las facturas de la luz y el transporte, y agrava el gasto público y de los hogares. Tanto es así que, sin la crisis de los precios del petróleo provocada por este conflicto, la inflación de la zona del euro en agosto habría sido del 2,2%, en lugar del 3,2%, según un informe reciente de Greenpeace.
En contraste, la empresa que más CO2 emite en España y, por tanto, la principal responsable del cambio climático en el país, Repsol, ha alcanzado unos beneficios extraordinarios de 5.000 millones de euros solo en los primeros nueve meses de 2026. Esta cifra cuadruplica sus ganancias del ejercicio anterior y supera los máximos de 2022 registrados tras el inicio de la guerra en Ucrania, lo que permitirá a la petrolera repartir 3.000 millones de euros en dividendos entre sus accionistas.
Desafíos mundiales
La 31ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará bajo una presidencia compartida entre Turquía y Australia, se produce en un momento crítico. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha advertido de que el planeta se encamina inevitablemente a superar el límite de seguridad de los 1,5 °C de calentamiento global, con políticas actuales que nos dirigen hacia un aumento desastroso de 2,8 °C para el año 2100.
Para frenar esta trayectoria, Greenpeace reclama acelerar la Transición Justa para el Abandono de los Combustibles Fósiles (JTAFF), a los que considera el principal motor de la crisis climática. La organización pide que los gobiernos conviertan los compromisos asumidos en la COP28 en hojas de ruta nacionales concretas que permitan abandonar los combustibles fósiles, triplicar la capacidad de energías renovables y duplicar la eficiencia energética antes de 2030. También defiende la aprobación de un objetivo mundial de electrificación renovable del 35% para 2035.
Además, reclama un marco vinculante de rendición de cuentas que garantice el fin de la deforestación y la degradación de los bosques antes de 2030. Para alcanzar estos objetivos, considera imprescindible aumentar la financiación pública destinada a la acción climática y la protección de la naturaleza en los países del sur global. Según la organización, estos recursos deberían proceder en gran medida de impuestos progresivos a quienes más contaminan y de la eliminación de las subvenciones perjudiciales a los combustibles fósiles.
Peticiones de Greenpeace al Gobierno
España ha mantenido tradicionalmente posturas multilaterales ambiciosas en el marco de las negociaciones climáticas internacionales. Por ello, Greenpeace reclama al actual Ejecutivo que traduzca esas posiciones en un liderazgo político efectivo durante la COP31 mediante compromisos concretos para abandonar el petróleo, el gas y el carbón, así como avances concretos en financiación internacional que demuestren la solidaridad internacional del pueblo español.
La organización también pide que España impulse medidas de justicia fiscal y energética, con la defensa de impuestos globales y nacionales sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y sobre las grandes fortunas. A su juicio, estos recursos permitirían financiar acciones de mitigación, adaptación y compensación por pérdidas y daños derivados del cambio climático.
Por otro lado, Greenpeace exige al futuro Gobierno salido de las urnas la creación de un Contrato Social Verde: una agenda climática y social amplia y muy ambiciosa que incluya un modelo energético suficiente, eficiente, asequible, democrático y 100% renovable para 2040. Tomando como base técnica su informe Energía para vivir mejor, Greenpeace demuestra que, en la península Ibérica, es completamente viable alcanzar la neutralidad de emisiones y un sistema suficiente, eficiente y 100% renovable en España para 2040, lo que reduciría al mismo tiempo la demanda de energía un 39% y mejoraría la calidad de vida de toda la sociedad.
