Madrid.-30/09/2026. La Confederación Autismo España, la Federació Autisme Catalunya y la Federació Catalana d’Autisme expresan su profunda preocupación ante el desalojo de una familia ocurrido la pasada noche en Mataró, en la que se encuentran tres menores, uno de ellos con autismo.
Las tres organizaciones consideran imprescindible que, ante situaciones de pérdida de vivienda que afectan a familias con menores con autismo, las administraciones competentes realicen una valoración individualizada de las necesidades de apoyo y del impacto que la pérdida del domicilio puede tener sobre los derechos, el bienestar y la estabilidad del menor.
La vivienda constituye un elemento fundamental para garantizar la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los apoyos de cualquier niña o niño. En el caso de menores con autismo, una situación de desalojo y la pérdida repentina de su entorno habitual puede implicar, además, una alteración significativa de sus rutinas, apoyos, escolarización, tratamientos, relaciones familiares y red comunitaria, por lo que las administraciones deben considerar específicamente estas circunstancias en su respuesta.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, así como el derecho a un nivel de vida adecuado y a una vivienda adecuada. Estos derechos deben garantizarse en condiciones de igualdad y sin discriminación por razón de discapacidad.
Asimismo, el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación y obliga a tener en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad vinculadas a la discapacidad.
Valoración individualizada
En este contexto, las organizaciones firmantes consideran que la situación de una familia con un menor con autismo no puede abordarse únicamente desde una perspectiva económica, residencial o patrimonial. Es necesario incorporar a la valoración la situación concreta del menor, sus necesidades de apoyo y las posibles consecuencias que una pérdida de vivienda pueda tener sobre el ejercicio efectivo de sus derechos.
En el ámbito de Cataluña, la normativa de protección frente a la emergencia habitacional y la exclusión residencial contempla mecanismos de valoración de la situación de vulnerabilidad y actuaciones dirigidas a garantizar una respuesta habitacional adecuada. Estos mecanismos deben aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias específicas de las personas con discapacidad y de las personas menores afectadas.
Por todo ello, la Confederación Autismo España, la Federació Autisme Catalunya y la Federació Catalana d’Autisme reclaman a las administraciones competentes una actuación urgente y coordinada que garantice la protección de la familia y, especialmente, de las tres personas menores de edad afectadas. Asimismo, solicitan una valoración individualizada de las necesidades del menor con autismo, que tenga en cuenta sus necesidades específicas de apoyo, así como el impacto que la pérdida de la vivienda puede tener sobre su estabilidad, escolarización, rutinas, tratamientos y red familiar y comunitaria.
Alternativa habitacional
Las organizaciones también piden garantizar una alternativa habitacional adecuada para toda la familia, que preserve su unidad y tenga en cuenta las necesidades de apoyo de la persona con autismo, además de asegurar la continuidad de su escolarización y de los apoyos que recibe. Por último, reclaman una coordinación efectiva entre los servicios sociales, de vivienda y educativos, así como con los recursos de atención a la discapacidad y al autismo, para evitar respuestas fragmentadas que no contemplen la situación global de la familia.
Las entidades firmantes recuerdan que la discapacidad de una persona menor no puede convertirse en un factor añadido de desprotección ante una situación de emergencia residencial. La respuesta institucional debe garantizar que los procedimientos y medidas adoptadas permitan preservar, en la medida de lo posible, la continuidad de sus apoyos y el ejercicio efectivo de sus derechos.
La protección de la infancia y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad deben formar parte de cualquier respuesta ante una situación de emergencia habitacional. Por ello, reclaman que este caso sea atendido con la máxima urgencia, coordinación y perspectiva de derechos, con el objetivo de garantizar una solución habitacional adecuada para la familia y tener especialmente en cuenta las necesidades del menor con autismo.
