Madrid.-22/09/2026.- Solo una de cada diez personas con autismo tiene empleo. Ello significa que en torno al 90 % de las personas autistas está desempleada y no desarrolla una actividad laboral, lo que convierte al autismo en el colectivo de la discapacidad con la tasa de desempleo más alta.
“Disponer de un empleo es un derecho esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y promover el desarrollo personal, la participación social y el acceso a una vida independiente. Por eso, promover el acceso de las personas autistas al mercado laboral es una prioridad para Autismo España”, asegura Paloma Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, directora de Incidencia Política y Social de la Confederación.
En el marco de su labor de incidencia política, Autismo España acaba de presentar al Ministerio competente en materia de Función Pública sus aportaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Estas aportaciones se concretan, en primer lugar, en la necesidad de definir y aplicar de forma objetiva la capacidad funcional mediante una valoración individualizada, vinculada a las funciones esenciales del puesto y que tenga en cuenta los ajustes razonables. También reclaman la creación de una vía o cupo específico para las personas autistas sin discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %.
Asimismo, piden garantizar la accesibilidad universal y cognitiva en todas las fases de los procesos selectivos. Por último, consideran necesario evaluar la compatibilidad con el puesto una vez analizadas las adaptaciones necesarias, para evitar declaraciones prematuras de incompatibilidad que respondan a una falta de adecuación del entorno laboral.
“Desde la Confederación instamos al Ministerio a incorporar estas propuestas al futuro real decreto para avanzar hacia un modelo de empleo público verdaderamente inclusivo. Un modelo que no sitúe el foco en las limitaciones de la persona, sino en la eliminación de las barreras del entorno, y que garantice que todas las personas puedan demostrar sus capacidades en condiciones de igualdad”, sostiene Rodrigo Gutiérrez de la Cámara.
Interpretación arbitraria
En este sentido, la directora de Incidencia Política y Social de Autismo España afirma: “Desde Autismo España consideramos que la regulación actual de la capacidad funcional no ofrece suficiente seguridad jurídica a las personas aspirantes con discapacidad. Al tratarse de un concepto amplio, no delimitado suficientemente por la legislación, puede aplicarse de manera desigual y dar lugar a exclusiones basadas en la existencia de una discapacidad, en lugar de atender a la capacidad real de la persona para desarrollar las funciones esenciales del puesto”.
Por este motivo, la Confederación propone que la futura norma establezca expresamente que la capacidad funcional debe valorarse de forma individualizada y en relación con las funciones esenciales del puesto, teniendo en cuenta las adaptaciones y los ajustes razonables que permitan su desempeño. Porque la discapacidad o la existencia de determinadas limitaciones no pueden identificarse automáticamente con una falta de capacidad para trabajar en la Administración pública.
Cupo específico
Junto con la delimitación de la capacidad funcional, Autismo España reclama que el futuro real decreto contemple expresamente la posibilidad de reservar plazas para personas autistas sin discapacidad intelectual que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Estas plazas deberían cubrirse mediante pruebas selectivas específicas e independientes, adaptadas a las características y necesidades del colectivo.
El diagnóstico de autismo no implica necesariamente la existencia de una discapacidad intelectual. Por ello, muchas personas autistas con un grado de discapacidad reconocido no pueden participar en los procesos reservados a personas con discapacidad intelectual, aunque puedan necesitar medidas de accesibilidad, adaptaciones y apoyos durante las pruebas y, posteriormente, en el desempeño del puesto.
Como defiende Gutiérrez de la Cámara, “esta situación obliga a muchas personas a concurrir a través del cupo general de discapacidad o del turno ordinario, donde sus necesidades no siempre se encuentran suficientemente contempladas”.
Por ello, Autismo España subraya que establecer procesos específicos no supondría equiparar el autismo con la discapacidad intelectual, sino reconocer la diversidad existente dentro del espectro y ofrecer una vía adecuada que garantice la igualdad efectiva de oportunidades, manteniendo los principios de mérito y capacidad.
La información recabada por la Confederación entre el movimiento asociativo refleja la magnitud de estas barreras. Todas las entidades consultadas identificaron barreras específicas, tanto en la búsqueda y comprensión de las convocatorias como en la inscripción, la solicitud de adaptaciones, la realización de pruebas, las entrevistas y la valoración de méritos.
Accesibilidad
Autismo España solicita también que las administraciones públicas garanticen la accesibilidad universal, incluida la accesibilidad cognitiva, desde el diseño de las convocatorias hasta el desarrollo de las pruebas. “Esta garantía debe aplicarse sin perjuicio de las adaptaciones y ajustes razonables que pueda necesitar cada aspirante en función de sus circunstancias individuales”, recuerda su directora de Incidencia Política y Social.
Entre las medidas necesarias se encuentran el uso de un lenguaje claro, la mejora de la comprensión de los enunciados y las instrucciones, la reducción de estímulos ambientales, la adaptación de los espacios de examen y de los tiempos de realización, y la disponibilidad de apoyos para comprender las diferentes fases del procedimiento.
La entidad recuerda, además, que la posibilidad formal de solicitar una adaptación no garantiza por sí sola la igualdad, ya que más de la mitad de las entidades consultadas señalan que las personas autistas no suelen pedirlas, incluso cuando podrían necesitarlas.
