Madrid.-26/10/2026-. El sistema sanitario es la principal fuente de violencias contra las personas intersexuales. Es una de las principales conclusiones de una investigación que ha presentado la Federación Estatal LGTBI+. A juicio de la organización, esta situación exige la implantación de un protocolo adecuado de atención en la sanidad pública.
Así, la presidenta FLGTBI+, Paula Iglesias, ha urgido al futuro Gobierno de España a dar prioridad y continuidad al trabajo que ya se estaba realizando junto al Ministerio de Sanidad. El objetivo es elaborar y publicar un protocolo de atención sanitaria para las personas trans, no binarias y personas intersex.
Según Iglesias, este protocolo es un mandato que se establece en la Ley LGTBI+ de 2023 y su aprobación lleva años de retraso. A causa de la demora, «las personas intersex siguen sufriendo una violencia injustificada en las etapas más tempranas de su vida. Esto es intolerable y pedimos a la ciudadanía un ejercicio de responsabilidad de cara al próximo 29N para que se pronuncien en favor del progreso y los derechos y podamos continuar con el trabajo iniciado”, demanda la presidenta de la organización.
Por su parte, la responsable de investigación, formación y calidad de la FELGTBI+, María Rodríguez, ha explicado que las realidades intersex se han abordado en España desde un ámbito puramente médico, lo que ha dado como lugar a la patologización. “La diversidad biológica natural se lee como una anomalía que debe ser corregida en todos los casos y las personas intersex son sometidas a la intervención médica normalizadora (cirugías estéticas genitales no consentidas, terapias hormonales, etc.) desde la infancia. El objetivo no es cuidar de la salud de la infancia, es encajar el cuerpo en el binarismo varón o mujer para que sea socialmente «legible»”, ha denunciado.
Secuelas en el cuerpo
El estudio al que hacen referencia se basa en una investigación cualitativa que se ha realizado a partir de una decena de entrevistas con personas intersexuales y muestra cómo el estamento médico e institucional es el principal agente de patologización y vulneración física y psicológica. Según la responsable del estudio “La crítica viene por la idea sistemática de reconstruir los cuerpos solo porque no encajan en el esquema de corporalidad binarista”, ha asegurado.
En este sentido, la representante de las realidades intersex, Ariana A. Celorio, ha explicado que “la comunidad médica modifica la corporalidad de las personas intersex no para garantizar nuestro bienestar o funciones vitales. Lo hace porque busca un aparato sexual funcional que proporcione el deseo normalizado de una relación coital. Pretende erradicar la disidencia corporal y forzarnos a alinearnos con un desarrollo cisheteronormativo, que anula preventivamente nuestra capacidad para decidir sobre nuestra propia anatomía en la adultez”.
La investigación demuestra que, lejos de mejorar las vidas de las personas intersex, estas cirugías o tratamientos generan un impacto psicofísico profundo y desestructurante y provocan importantes secuelas como dolor crónico, pérdida de sensibilidad sexual, esterilidad no elegida, incontinencia, cicatrices o necesidad de nuevas cirugías.
Ocultar la operación
“Además, cuando las intervenciones se realizan en la infancia, pasan muchos años hasta que las personas intersex averiguamos qué ha sucedido”, denuncia Celorio. “En España, las personas tenemos el derecho por ley de conocer nuestra historia clínica. Sin embargo, las personas intersex hemos sufrido el ocultamiento absoluto del diagnóstico con el argumento de protegernos o se nos ha recetado “silencio” sobre nuestra realidad. También se nos ha cosificado utilizándonos como “curiosidades médicas”.
En este sentido, Paula Iglesias, explica que “la discriminación no solo opera mediante agresiones directas”. “También se produce a través de formas silenciosas como la imposibilidad de compartir la propia historia, la vergüenza aprendida, el miedo al rechazo afectivo o sexual, el sentimiento de sentirse fuera de lo normal o no contar con palabras para nombrar la experiencia. Estos elementos afectan a la autoestima, a la relación con el propio cuerpo, el autoconcepto y los vínculos familiares y afectivos”, denuncia.
En este sentido, Iglesias recuerda que la legislación actual obliga a las administraciones a garantizar formación actualizada y continua del personal de salud sobre diversidad corporal desde una perspectiva de derechos humanos, abandonando cualquier enfoque patologizante. “Esto es imprescindible para que el criterio médico no sea subjetivo, ni sujeto a opiniones sesgadas por desconocimiento o LGTBIfobia, sino conforme a los principios que establece la Ley de: no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación y asistencia integral».
Acceso al historial
Además, reivindica la eliminación de los tratamientos hormonales o quirúrgicos que no sean necesarios para preservar la salud o la integridad física de la persona, los no consentidos y los que carecen de evidencia que justifique su urgencia. Exige la erradicación inmediata de las exploraciones innecesarias, la cosificación y la exposición clínica sin fines diagnósticos y que se asegure el respeto a la intimidad y la confidencialidad.
Asimismo, exige que se garantice el acceso completo, transparente y sin restricciones a la historia clínica y se elimine la “receta del silencio” y la imagen de la diversidad como algo que ocultar o de lo que avergonzarse. También, que se asegure la información asistencial y el consentimiento informado de cualquier actuación. Y es que, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en España, menos de la mitad de las personas intersex o sus familias (44 %) recibieron información detallada antes del primer tratamiento médico para modificar sus características sexuales; la mayoría (55 %) no recibió dicha información, ni firmó ningún consentimiento informado para cirugías o tratamientos hormonales (57 %).
