Madrid.-24/3/2026.- La Plataforma del Tercer Sector ha alertado de las consecuencias que podría tener para millones de personas en situación de vulnerabilidad una propuesta de reforma presentada por la Comisión Europea que plantea la fusión de hasta catorce instrumentos, en un único plan nacional de financiación, lo que supone un riesgo para la estabilidad de las políticas sociales.
La propuesta de reforma de la Comisión supone agrupar políticas de cohesión, incluido el Fondo Social Europeo y conlleva una reestructuración en la que los Estados podrían orientar fondos hacia prioridades no sociales, lo que disminuiría la visibilidad y el peso de las políticas sociales.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha señalado que «el regreso de reglas fiscales más estrictas incrementa el riesgo de que puedan producirse recortes en los fondos destinados a inclusión, empleo, cohesión y lucha contra la pobreza». Estos ajustes afectarían directamente a miles de entidades sociales en toda la Unión Europea y, de manera particular, al Tercer Sector español, que se sustenta en gran parte en programas vinculados a los fondos sociales europeos.
El presidente, Luciano Poyato, ha subrayado la necesidad de «situar la cohesión social como una prioridad estratégica para la Unión Europea y de defender que ninguna decisión presupuestaria debilite los mecanismos que sostienen los derechos, la igualdad de oportunidades y la estabilidad social en un contexto de polarización y aumento de desigualdades».
Encuentro con la Comisión
En el este contexto, la Plataforma del Tercer Sector se ha reunido con el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja y Crespo, para trasladar sus preocupaciones ante la reforma. Le han transmitido la necesidad de garantizar la continuidad del Fondo Social Europeo Plus como instrumento autónomo. En la reunión se ha reiterado que las entidades del Tercer Sector son infraestructura democrática, un pilar esencial para la cohesión social y la garantía de derechos. La reducción de fondos o la pérdida de su identidad social tendría un impacto directo en la atención a millones de personas, en la igualdad de oportunidades y en la capacidad de respuesta ante la pobreza, la exclusión y la discriminación.
