Madrid.-05/10/2026-. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) lamenta que el Congreso de los Diputados no haya dado su respaldo a las medidas planteadas para reforzar la protección del derecho a la vivienda, y reclama a los representantes públicos responsabilidad política para avanzar en respuestas eficaces ante una crisis que afecta de forma especialmente intensa a los hogares con menos ingresos.
Para EAPN España el rechazo de ambos decretos supone que queden sin aplicación medidas dirigidas a reforzar la protección frente a los desahucios, mejorar las garantías de las personas inquilinas, regular determinadas modalidades de alquiler y avanzar en la estabilidad de los contratos. La Red considera especialmente preocupante que, ante la crisis habitacional, no haya sido posible alcanzar los acuerdos necesarios para poner en marcha medidas de protección dirigidas a quienes afrontan mayores dificultades para acceder y permanecer en una vivienda.
Factor de empobrecimiento
La vivienda se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales factores de empobrecimiento en España. Desde 2014, el precio medio del alquiler ha aumentado un 43,8 %, mientras que las rentas reales por persona sólo lo han hecho un 20,3 %, es decir, menos de la mitad. Y en concreto, en 2025, el gasto medio mensual del alquiler a precio de mercado alcanzó el máximo de la serie histórica analizada por EAPN-ES.
La presión de la vivienda es especialmente intensa entre quienes tienen menos recursos: Según el Avance de Resultados del XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, el 43,6 % de las personas que viven de alquiler a precio de mercado se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Además, las personas en pobreza que viven de alquiler a precio de mercado destinan de media el 51,4 % de sus ingresos a la vivienda.
Desahucios
La protección frente a los desahucios constituye una medida imprescindible cuando una persona o familia no puede mantener su vivienda y no dispone de una alternativa habitacional adecuada. La ausencia de estas medidas deja a hogares en situación de vulnerabilidad expuestos a una pérdida de vivienda que puede agravar situaciones de pobreza y exclusión ya existentes.
Una situación que vuelve a repetirse. En febrero ya decayó el decreto que contemplaba la prórroga del escudo social, mientras la preocupación social por las dificultades para acceder y mantener una vivienda vuelve a ocupar un lugar central en el debate público.
EAPN-ES recuerda que los desahucios no son un fenómeno coyuntural y que la respuesta no puede limitarse a actuar cuando la pérdida de la vivienda ya es inminente. Es necesario reforzar los mecanismos de prevención, garantizar alternativas habitacionales adecuadas y asegurar una respuesta coordinada de las Administraciones.
El derecho a la vivienda no puede quedar bloqueado por la confrontación política. Las medidas de protección deben situar en el centro las necesidades de las personas y familias afectadas y garantizar que ninguna persona se vea abocada a perder su hogar sin una alternativa digna.
Este avance resulta especialmente necesario en un contexto en el que las dificultades para mantener la vivienda afectan de forma desproporcionada a las personas con menos ingresos. En 2025, el 20,9 % de las personas en pobreza acumuló retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, frente al 7,7 % entre quienes se encuentran por encima del umbral de pobreza. Además, una de cada cinco personas en pobreza que vive de alquiler tuvo dificultades para afrontar el pago del recibo durante el último año (20,3 %).
La estabilidad residencial
EAPN-ES lamenta que el Congreso no haya respaldado las medidas dirigidas a mejorar la estabilidad temporal de los contratos de alquiler. La incertidumbre ante la finalización de un contrato, especialmente cuando la búsqueda de una nueva vivienda supone enfrentarse a precios cada vez más elevados, puede poner en riesgo la permanencia en el hogar y provocar el desplazamiento de las personas de los barrios y territorios donde han construido sus redes familiares, sociales, educativas, laborales y de cuidados.
La necesidad de avanzar en esta materia resulta especialmente relevante para la población con menos recursos. En 2025, el 56 % de las personas en pobreza que viven de alquiler a precio de mercado destina más del 40 % de sus ingresos a la vivienda. A ello se suma una evolución de los precios muy superior a la de los ingresos: desde 2014, el precio medio del alquiler ha aumentado un 43,8 %, mientras que las rentas reales por persona lo han hecho un 20,3 %.
Para EAPN-ES, garantizar estabilidad residencial no significa únicamente proteger frente a la pérdida inmediata de la vivienda. También implica proporcionar seguridad y previsibilidad a las personas que viven de alquiler y reducir el riesgo de que la finalización de un contrato termine convirtiéndose en una nueva barrera para permanecer en su hogar.
Respuesta estructural
EAPN España considera que el rechazo de los dos decretos pone de manifiesto la necesidad de abordar la vivienda desde una estrategia estable y de largo plazo. Las medidas de emergencia son necesarias para responder a situaciones concretas, pero deben formar parte de una política pública estructural capaz de prevenir la pérdida de vivienda y ampliar las alternativas habitacionales.
España continúa contando con un parque de vivienda social muy reducido: representa el 3,3 % de las viviendas principales, frente al 8 % de media en la Unión Europea. La producción de vivienda protegida también se mantiene en niveles insuficientes: en 2024 se terminaron 14.371 viviendas protegidas, el 14,2 % del total de viviendas finalizadas.
Por todo ello, la Red reclama avanzar hacia una política de vivienda que combine las respuestas urgentes con una hoja de ruta de mayor alcance para recuperar la asequibilidad, ampliar el parque de vivienda social y protegida y garantizar una mayor estabilidad residencial. Asimismo, demanda mecanismos que eviten la expulsión de la población con menos recursos de sus barrios y que las políticas de transformación y rehabilitación urbana no generen nuevos procesos de exclusión residencial.
Responsabilidad política
EAPN-ES exige a los 350 representantes públicos que ocupan un escaño en el Congreso de los Diputados y Diputadas que asuman su responsabilidad ante el rechazo de estos dos decretos y trabajen para garantizar el bienestar y los derechos de toda la población, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
La vivienda es un derecho humano, una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos y un elemento central de cualquier estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Garantizar el derecho a la vivienda significa garantizar, no solo que las personas puedan acceder a un hogar, sino también que puedan permanecer en él, y seguir formando parte de sus barrios y comunidades.
