Madrid.-16/4/2026.- Save the Children considera que el proceso extraordinario de regularización de personas de origen migrante, aprobado por el Consejo de Ministros, ayudará a garantizar los derechos de miles de menores que ya viven en el país. La organización se prepara para acompañar a muchas de sus familias beneficiarias en el proceso y así facilitar nuevas oportunidades, especialmente en sanidad y educación.
“Que niños y niñas que ya forman parte de nuestra sociedad pasen a una situación regular en el país es una responsabilidad para cualquier estado de derecho como es el nuestro. No sólo implica mejorar sus condiciones de vida al permitir a los progenitores acceder a ayudas o lograr más estabilidad laboral, si no también garantiza el pleno disfrute de su derecho a educación, sanidad y protección social”, afirma Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial en Save the Children. “Sin olvidarnos de que también normaliza su infancia, eliminando el estrés, el miedo constante y la inseguridad.”
Save the Children ha mantenido un diálogo abierto con la administración durante el proceso de creación del Real Decreto por el que se modifica la Ley de Extranjería, con el objetivo de que este proceso de regularización pueda beneficiar al máximo número de menores.
En este sentido, la organización ha incidido en la necesidad de que las niñas y niños puedan acogerse directamente a la regularización, y no excluirles en el caso de que sus progenitores no puedan acogerse a ella. Esta medida finalmente no ha sido recogida en el texto final, por lo que dependerán de que sus progenitores puedan optar a la legalización de su estatus.
Silencio administrativo negativo
Sin embargo, tal como Save the Children solicitó en un recurso ante el Tribunal Supremo, se elimina del reglamento el silencio administrativo negativo para las personas menores tuteladas. Esto significa que la falta de respuesta por parte de la administración en el periodo de un mes ya no se interpretará automáticamente como que la solicitud esté rechazada.
“Los niños y niñas no deciden cuál es su situación administrativa, pero la irregularidad si condiciona su infancia y sus oportunidades de futuro. Por eso, consideramos que el reglamento les debería ofrecer opciones directas para garantizar su estabilidad jurídica”, añade Catalina Perazzo.
Aunque la ausencia de un registro real dificulta conocer con exactitud el número de niñas y niños que se encuentran actualmente en situación irregular en nuestro país, el informe Crecer sin papeles en España, elaborado por Save the Children en 2021, cuantificaba en casi 150.000 el número de menores de 19 años en esta situación. Y casi la mitad eran menores de 10 años.
Para aquellas niñas y niños que finalmente puedan acogerse a esta medida, su nuevo estatus jurídico conllevará una mejora sustancial en sus condiciones de vida. Por ejemplo, tendrán más facilidades para continuar con sus estudios y acceder también a becas o a formación no obligatoria.
Sus progenitores tendrán la opción de salir de la economía informal, de manera que ganarán estabilidad. Su incororación a la economía formal no solo reduce considerablemente su vulnerabilidad laboral, sino que supone un importante beneficio fiscal para el conjunto de la sociedad.
Desde Save The Children aseguran que la presencia de estas personas menores en la sociedad pasará a tener un peso diferente, lo que evitará el estrés que genera la obligación de pasar desapercibidas, que muchas veces se transmite a la infancia, pasando a tener una vida pública con total normalidad.
