Organizaciones del Tercer Sector han reclamado que se acometa una reforma urgente de la Ley de Desindexación de la Economía Española ya que causa un impacto muy negativo en la sostenibilidad de las entidades sociales.
La actual Ley de Desindexación impide la revisión de precios en contratos de servicios y conciertos sociales, lo que está comprometiendo la sostenibilidad de muchas organizaciones que gestionan, en colaboración con las administraciones, servicios públicos esenciales. En este momento, las entidades sociales, con contrato con la Administración Pública, deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato, y los elevados niveles de inflación están resultando deficitarios para las organizaciones.
Nueva regulación
La Plataforma del Voluntariado de España se suma a la iniciativa «Más sostenibilidad, mejores servicios», impulsada por la Plataforma del Tercer Sector que promueve la actualización de los precios en los contratos del sector público. Esta propuesta contempla la eliminación de la desindexación de contratos y conciertos públicos en materia de servicios sociales que se lleven a cabo con entidades del Tercer Sector. Y también incluye la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación o concertación del servicio, por razones de interés social.
Además, la Plataforma del Tercer Sector reclama la implantación de mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan, de manera negativa, en su sostenibilidad.
La Plataforma del Tercer Sector, recuerda que el Tercer Sector es un agente clave para la defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía y para la garantía del bienestar y la cohesión social. Las entidades sociales desempeñan un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social de nuestro país y son un aliado clave para el sector público. Además, las entidades sociales llegan, en muchas ocasiones, allí donde no alcanzan las administraciones públicas, garantizando derechos y facilitando el acceso a servicios fundamentales.
