Madrid.-29/4/2026.- El Congreso ha tumbado este martes el decreto de prórroga de los alquileres después de que el Gobierno no haya logrado los apoyos necesarios para que prospere. Los votos en contra de PP, Vox y Junts han impedido que el texto superara el examen en el hemiciclo; se ha sumado, además, la abstención del PNV por falta de «seguridad jurídica».
El decreto permitía prorrogar, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre del año que viene, pero la falta de respaldo parlamentario al decreto-ley deja en una situación de incertidumbre a las personas que tienen alquileres y habían solicitado por burofax una extensión de contratos a sus arrendadores.
Ni un desahucio más
Tras la votación para una prórroga que protegería a la ciudadanía de subidas abusivas ha habido numerosas reacciones. Destaca la del Sindicato de Inquilinas ha denunciado el abuso y ha convocado una oleada de movilizaciones en todo el Estado en esta primavera. Además, la organización ha lanzado un ‘consultorio’ en su web, donde aseguran explicar cómo y qué contestar a las excusas más habituales de los propietarios.
Esta organización forma parte de la coaliccion Ni un desahucio más, que ya reúne a decenas de organizaciones sociales y desde la que advierten de un próximo «tsunami de desahucios». Para evitarlo, se ha puesto en circulación un manifiesto que exige que se garantice el derecho a la vivienda a las familias más vulnerables.
Luchar contra la pobreza
EAPN, una de las organizaciones que forman parte de esta coalicción ha señalado que el acceso y mantenimiento de la vivienda es un factor clave de la pobreza. Según esta red, cuatro de cada diez personas que viven de alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. La organización advierte que la caída de la moratoria antidesahucios y la prórroga de alquileres agravarán la crisis de vivienda que atraviesa el país, afectando especialmente a los hogares, «que ya atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que se están viendo excluidos de la agenda política».
Por otra parte, organizaciones como Greenpeace han denunciado a los partidos que privilegian los intereses de los grandes especuladores de la vivienda y dan la espalda a la ciudadanía en su derecho constitucional a una vivienda digna. La medida era parte del escudo social de medidas temporales contra las consecuencias de la inflación fósil derivada de la guerra de Irán.
“La votación en contra de algunos grupos políticos hoy resulta injustificable y demuestra una falta de responsabilidad y humanidad hacia millones de personas. Nuestra clase política no puede seguir ignorando la urgencia de avanzar en derechos para garantizar una vivienda digna”, han señalado desde Greenpeace.
Depender de los fósiles
Asimismo, y en contexto de crisis inflacionaria por la guerra de Irán, la organización ecologista subraya que la vivienda concentra el 30% del consumo final de energía, lo que hace que las facturas de buena parte de la gente dependan de combustibles fósiles caros y volátiles. Esta situación responde, en gran medida, al deficiente rendimiento energético de un parque inmobiliario envejecido y con un mal aislamiento térmico, y a la dependencia del gas o gasóleo fósil para calefacción o electricidad de muchos hogares.
En este contexto, la organización insta a las administraciones a actuar con determinación, poniendo en marcha un “escudo social verde” que garantice el acceso a la vivienda digna. Este escudo incide en la importancia de la rehabilitación de las viviendas, lo que mejoraría su aislamiento y reduciría la factura energética, pues apuesta por la eficiencia, a través de las energías renovables autóctonas como el uso de bombas de calor/frío y el autoconsumo solar.
