Madrid.-15/09/2026.- Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto con diferentes actores sociales, han presentado alegaciones para que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.
Dichas organizaciones valoran que el Gobierno avance en la regulación de un sector en rápida expansión, pero consideran que el proyecto de Real Decreto es insuficiente para prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales, en particular sobre dos recursos fundamentales: el agua y la energía.
Por ello, reclaman una regulación más ambiciosa que garantice que el desarrollo de nuevos centros de datos respete los límites ambientales y sociales de cada territorio y responda a criterios de suficiencia, eficiencia y cobertura con energías 100% renovables, teniendo en cuenta además los efectos presentes y futuros del cambio climático.
Reto
La avalancha de peticiones de conexión a Red Eléctrica ayuda a entender el reto que supone un despliegue descontrolado de los centros de datos. Según la Agencia Internacional de la Energía, un centro de datos para inteligencia artificial de 100 MW puede consumir al año tanta electricidad como unos 100.000 hogares.
Asimismo, en España, como ejemplo, el centro de datos proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), con 248 MW de potencia prevista, contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año, entre el consumo propio de la instalación y las reservas previstas para futuros equipamientos de la zona. Estas cifras varían según el tamaño, la carga de los servidores y, especialmente, el sistema de refrigeración.
Las organizaciones advierten de que mejorar la eficiencia de los centros de datos no será suficiente si el consumo total de recursos continúa aumentando sin límites. “La eficiencia no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites. Necesitamos un debate social sobre el modelo de infraestructura digital que hemos de construir como sociedad y decidir cuánto, dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse esta nueva expansión».
Cambios principales
Por esta razón, las organizaciones plantean tres cambios principales en el proyecto del Real Decreto. En primer lugar, reclaman establecer límites ambientales mediante salvaguardas ambientales y sociales máximas al consumo de agua y energía, así como evaluar el impacto acumulado de todos los centros de datos de un territorio, y no proyecto por proyecto.
Además, solicitan una planificación energética y territorial que permita decidir dónde y en qué condiciones pueden instalarse estos centros y exigir que su nueva demanda eléctrica se cubra con generación 100 % renovable, sin desplazar las necesidades de descarbonización del resto de la sociedad ni aumentar la presión sobre los territorios y la biodiversidad.
Por último, defienden reforzar las garantías democráticas mediante la aplicación del principio de precaución, una mayor transparencia y una participación pública suficiente, junto con mecanismos de rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud. Las organizaciones subrayan, además, que existen riesgos asociados a la manipulación y la desinformación que pueden mermar los procesos democráticos y los derechos colectivos.
