El Juzgado de lo Penal nº1 de Badajoz ha condenado, en una sentencia dictada el 11 de marzo de 2025, a un hombre por coacciones, con agravante de odio racista, al actuar contra una familia gitana con dos menores, tras años de acoso en su comunidad vecinal desde 2014.
Tal y como consta en los hechos probados de la sentencia, el primer día les tocó el timbre y les solicitó el contrato de alquiler, sin tener ningún derecho a ello. Posteriormente, comenzó a llamar de forma constante a la Policía para denunciarles por ruidos, sin que los agentes les multaran en ninguna situación, pues los ruidos eran inexistentes.
El acoso se prolongó durante años. En múltiples ocasiones, cuando se cruzaba con la madre y sus hijos menores, el ahora condenado la increpaba diciéndole que debía educar mejor a sus hijos y les exigía una supuesta deuda con la comunidad que no existía. Incluso les prohibía utilizar el ascensor, asegurando que no eran dignos de hacerlo y que debían limpiar las zonas comunes para saldar esa deuda. La situación fue agravándose hasta que, en una ocasión, la familia encontró su vehículo con una pintada que decía: “GiTANO PAGA O VETE”.
Miedo al odio
Esta situación generó una fuerte ansiedad y miedo a toda la familia, afectando incluso a su sensación de seguridad; en efecto, la madre tenía miedo de salir sola o con sus hijos. La familia acabó denunciando los hechos con el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de Badajoz. Dicha entidad, que ha acompañado y asesorado a la familia en todo el procedimiento, ha manifestado su satisfacción ante esta condena que pone el foco en el acoso discriminatorio y de antigitanismo.
Se trata de una situación que no es aislada y que desgraciadamente sufren muchas familias gitanas en las comunidades vecinales, tal y como documentan los informes anuales de Discriminación y Comunidad Gitana de la FSG, y que vulnera su dignidad y el disfrute del derecho a la vivienda digna en condiciones de igualdad por parte de estas familias.
La sentencia
Esta sentencia no hubiera sido posible sin la denuncia y el trabajo realizado por el Ministerio Fiscal en este caso, que ha propiciado la defensa de las víctimas en el procedimiento. Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, ha señalado que “esta sentencia condenatoria reconoce el hostigamiento al que ha estado sometida esta familia por una motivación antigitana y manda un mensaje claro a la sociedad de que los delitos de odio no pueden quedar impunes».
En opinión de Giménez, ha sido fundamental la respuesta de los tribunales: «Precisamente ayer se aprobó el nombramiento de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, una figura esencial para dar respuesta administrativa a aquellos casos que no constituyen un delito. Poco a poco nuestro país está dando pasos firmes en la lucha contra la discriminación” ha declarado.
