MADRID, 08/07/25. Las políticas trumpistas en materia de inmigración han empezado a calar en la ultraderecha española. En este sentido, Vox defendió hace unos días la deportación a gran escala de extranjeros mediante lo que denominan una «remigración masiva».
El pasado lunes, la portavoz en materia de migraciones del partido ultraderechista, Rocío de Meer, ofreció una rueda de prensa en la sede del partido en la que habló de la posibilidad de expulsar masivamente a extranjeros del país en lo que catalogó como un proceso «complejo» pero necesario para «sobrevivir como pueblo». La portavoz se aventuró a ofrecer cifras y habló de la repatriación de «más de 7 millones de personas«, incluidos los hijos de migrantes que han nacido en España.
Tras el revuelo que provocaron estas palabras, el líder del partido verde, Santiago Abascal, quiso matizar el discurso a través de su cuenta de X. El presidente de Vox reorientó estas palabras y quiso aclarar que, en caso de llegar al poder, se pretendería deportar a todos los migrantes que «hayan venido a delinquir», que «pretendan imponer una religión extraña» o que «hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás». En cuanto a las cifras, Abascal argumentó que no saben «cuantos son» y que en caso de llegar al gobierno, «se irán todos«.
Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario del partido, Pepa Millán, añadió que las cifras que ofreció de Meer son «un cálculo aproximado» mientras defendía unas políticas que expulsen del país a todo extranjero que entre de manera ilegal al país, que delinca o que no se integre.
Consecuencias negativas
Como de costumbre, este tipo de discursos populistas pasan por alto una gran cantidad de disposiciones legales, matices y consecuencias a las que hay que prestar atención cuando se realizan afirmaciones de tal calibre.
Hace tan solo unos días, José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, habló sobre la relación de la inmigración y el sector laboral en una conferencia titulada ‘El papel de la política migratoria e industrial ante los retos de la economía española’. Escrivá aseguró que, en España, «uno de los efectos positivos que han tenido los flujos migratorios es que aportan trabajadores con tasas de actividad muy altas, claramente por encima de otros países de nuestro entorno».
El gobernador del Banco de España afirmó que en países con una natalidad tan baja como el nuestro, «en ausencia de este fenómeno migratorio tendríamos un problema muy agudo de envejecimiento de la población».
Por otro lado, un estudio del centro de análisis Fedea, datado en marzo de este año, argumenta que España se encuentra en un proceso de expansión económica y demográfica impulsado por una mayor demanda de mano de obra. Según afirma el informe, esta expansión del mercado laboral «sería inviable sin la incorporación de un elevado volumen de mano de obra inmigrante«.
Si se pone el foco en los diferentes sectores económicos, los datos dejan claro que una deportación masiva de estas características traería consecuencias nefastas en muchos ámbitos productivos. Según las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la hostelería española cuenta con casi medio millón de trabajadores, lo que supone el 27% de su fuerza laboral.
A este sector le sigue de cerca el de la construcción, un área en el que el 20% de los trabajadores son extranjeros. Además, las empresas de este sector denuncian dificultades para cubrir los puestos de trabajos y los empresarios han demandado en varias ocasiones la necesidad de facilitar la formación y la llegada de mano de obra extranjera.
Otra de las consecuencias de esta propuesta estaría directamente relacionada con las pensiones. La jubilación de la generación ‘baby boom’, debido a lo numerosa que es, supone un reto para la administración pública. En este sentido, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aseguran que la llegada de inmigrantes, su gran mayoría en edad de trabajar, supone una red fundamental para las pensiones y las finanzas públicas.
