La Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), de la que Cáritas Española es entidad colaboradora, ha pedido que el anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros y que se tramite bajo procedimiento de urgencia. La Red considera que esta es una oportunidad histórica para garantizar de manera integral la protección de las víctimas de trata y explotación de seres humanos en todas sus formas.
En 2022, fueron identificadas 129 víctimas con fines de explotación sexual, además de las más de 6.600 personas ya detectadas en situación de riesgo, según datos del Centro de Inteligencia contra del Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior. Estos datos no reflejan la dimensión real de esta grave violación de derechos humanos. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se calcula que, por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar.
Desde los diferentes mecanismos internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), instan a las autoridades españolas, en su informe de evaluación sobre España de 2018, a adoptar un plan integral que aborde todas las formas de trata, cualquiera que sea su finalidad y no solo la de fines de explotación sexual. Además, inciden en mejorar los procedimiento de identificación y asistencia a las víctimas.
El Plan Normativo Anual 2023, el Plan Operativo para la Protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2030) y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA, 2021-2023) contemplan la voluntad del Gobierno de poner en marcha una ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos que aborde todas las formas de trata y que dé respuesta a las recomendaciones de mecanismos internacionales. Sin embargo, a pocos meses de que finalice la legislatura, esta Red denuncia «absoluta falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para cumplir con este compromiso y con sus obligaciones internacionales».
Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la red son: A21, APRAMP, Askabide, Asociación Amar Dragoste, Asociación Nueva Vida, Asociación Trabe, CEAR, Diaconía, FAPMI, Federación Andalucía Acoge, Federación de Mujeres Progresistas, Fiet Gratia, Fundación Amaranta, Fundación APIP-ACAM, Fundación Cepaim, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Oblatas, ONG Rescate, Programa Daniela, Proyecto Esperanza, Themis, Villa Teresita y Womenslinkworldwide; además de las organizaciones colaboradoras de la RECTP: Accem, Amnistía Internacional, Antena Sur contra la Trata, Cáritas, Cruz Roja y Save the Children.
