La Comisión Europea presentó el pasado, 11 de marzo, una nueva propuesta para acelerar las expulsiones de personas migrantes a terceros países con los que haya un acuerdo. Diversas organizaciones sociales se han manifestado en contra de esta normativa; resaltan que se aleja de «los valores fundacionales de la UE, como la solidaridad y el respeto a los derechos humanos». También denuncian que la externalización de la gestión migratoria pone en grave riesgo a las personas expulsadas y facilita la vulneración de sus derechos.
La propuesta forma parte del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) que se aprobó en abril de 2024. El objetivo de este es reforzar el control y externalización de las fronteras que ha marcado la política migratoria de la Unión Europea en la última década.
Centros de deportación y restricciones severas
Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta es la creación de centros de retorno en países fuera de la UE. Según las ONG, estas instalaciones podrían implicar detenciones arbitrarias y prolongadas, además de exponer a las personas migrantes a condiciones inhumanas.
Otro punto controvertido es la ampliación del tiempo máximo de detención de 18 a 24 meses, así como la posibilidad de exigir garantías económicas para evitar el riesgo de fuga. Las organizaciones advierten que estas medidas endurecen aún más las políticas migratorias y dificultan el acceso a derechos básicos.
Llamado a la acción
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deben ahora negociar la propuesta. Ante esta situación, las organizaciones sociales instan a los Estados y a los grupos parlamentarios a rechazar la creación de centros de deportación en terceros países y piden garantizar que cualquier medida de retorno respete los derechos fundamentales y de asilo. Además, reclaman asegurar el acceso a asistencia legal efectiva durante todo el proceso, de manera que se garantice la protección.
