Madrid/1/12/25.- Con motivo del Día Mundial del Sida, la Federación Estatal LGTBI+ subraya que las personas con VIH en España siguen enfrentándose a obstáculos que vulneran sus derechos. La organización recuerda que la respuesta al VIH no puede abordarse únicamente desde la perspectiva sanitaria, sino que exige políticas públicas integrales.
Paula Iglesias, presidenta de la Federación, destaca que “no es admisible que en pleno 2025 sigamos constatando barreras administrativas, discriminación en el acceso a derechos básicos y ausencia de recursos específicos para acompañar la realidad de quienes viven con VIH. La respuesta debe basarse en derechos humanos, no en circunstancias o arbitrariedades territoriales”.
Javier Sotomayor, coordinador del grupo de VIH, señala que “muchas personas que viven con VIH desde hace décadas enfrentan problemas de salud mental, soledad y dificultades sociales que no se solucionan solo desde un enfoque médico. Necesitamos políticas públicas que integren acompañamiento psicológico, comunitario y social para garantizar su bienestar integral”.
Por su parte, Manel Mora, también coordinador del grupo de VIH, afirma que “el envejecimiento de las personas con VIH plantea retos específicos de derechos humanos. Muchas personas mayores encuentran barreras para el reconocimiento de la discapacidad cuando proceda, ya que los criterios actuales no contemplan adecuadamente las comorbilidades y particularidades asociadas al VIH, y enfrentan dificultades para acceder a recursos que garanticen su bienestar. Estas limitaciones afectan directamente su autonomía, seguridad y calidad de vida». Por ello, asegura, «es imprescindible implementar políticas públicas sostenidas que aseguren evaluaciones justas, apoyos adaptados y acompañamiento integral”.
Eliminar barreras en prevención
La Federación reclama eliminar las barreras persistentes en el acceso a la PrEP, que afectan especialmente a las mujeres y a personas migrantes, especialmente en situación irregular. Estas trabas generan desigualdad y comprometen la eficacia de la prevención. Por ello, exigen garantizar acceso universal a la PrEP sin discriminación, facilitar su dispensación extrahospitalaria y proceder a la aprobación e incorporación de la PrEP inyectable en el sistema público de salud.
También señalan la necesidad de actualizar los criterios de discapacidad, ya que muchas personas con VIH enfrentan dificultades para obtener un grado acorde a su situación. Tal como se expuso en el reciente Congreso de SEISIDA, los baremos actuales no reflejan adecuadamente las realidades clínicas, sociales y emocionales derivadas del VIH, dificultando alcanzar el 33% de discapacidad y, con ello, el acceso a derechos y apoyos esenciales.
