Madrid.1/12/25. En el marco del Día de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, se ha presentado el informe parcial ‘Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz’,- Este trabajo muestra que las resoluciones sobre discapacidad llegan tarde, que se están limitando las ayudas, que no existe igualdad entre los territorios y que, en definitiva, el sistema está limitando el acceso a derechos y apoyos a las personas con discapacidad.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) que es la responsable del estudio sostiene que no se concede el grado de discapacidad que solicitan las personas con discapacidad y además cuando realizan reclamaciones para que se revisen las solicitudes rara vez logran que mejoren las resoluciones: solo el 11% logra un incremento del grado reconocido.
El estudio, basado en más de mil testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico de entidades, pone de manifiesto que, persisten graves problemas estructurales que afectan a la calidad, la consistencia y la correcta aplicación de la normativa.
Desigualdad territorial
Según el informe, casi la mitad (48%) de las personas valoradas con el baremo espera más de un año, con especial incidencia en Galicia y Andalucía, donde los retrasos han aumentado entre 18 y 23 puntos porcentuales en comparación con los datos correspondientes al anterior baremo, es decir, antes del 2023.
COCEMFE alerta además de importantes desigualdades territoriales en la aplicación del baremo. En comunidades como la Valenciana, menos de la mitad de las citas fueron presenciales, y hasta el 45% se resolvieron únicamente mediante informe facultativo, sin valoración directa, lo que genera desconfianza y percepciones de injusticia.
El estudio refleja una tendencia a la baja en los grados de discapacidad reconocidos desde la entrada en vigor del baremo. El porcentaje de personas con una valoración inferior al 33% ha aumentado del 33% al 40%, lo que, según COCEMFE, limita el acceso a derechos, prestaciones y apoyos esenciales.
Asimismo, las resoluciones definitivas han descendido del 79% al 69%, lo que indica un mayor número de expedientes sujetos a revisión, generando incertidumbre e insatisfacción entre las personas valoradas. El informe también evidencia que el 68% de las personas percibe que el equipo valorador no tiene conocimiento suficiente de su discapacidad, especialmente en patologías orgánicas o poco visibles, y que el 77% considera que no se tienen en cuenta las comorbilidades, lo que demuestra un déficit estructural en la formación de los equipos.
Sistema ineficaz
“El nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana. El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos, sino un instrumento para reconocerlos plenamente”, afirma Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE.
El apartado sobre reclamaciones confirma la ineficacia del sistema para corregir valoraciones inadecuadas. Y es que solo el 11% de las reclamaciones logra un incremento del grado reconocido, mientras que las reducciones de grado aumentan del 6% al 13% lo que podría desincentivar el uso de este mecanismo por percibirse como sistema penalizador.
Además, el 59% de las personas se declara totalmente inconforme con el proceso de reclamación, debido a su lentitud, falta de respuesta o resoluciones genéricas que no atienden los argumentos presentados.
“El nuevo procedimiento debería proteger mejor los derechos de las personas, pero lo que vemos es frustración, indefensión y desconfianza”, denuncia Anxo Queiruga.
Las diferencias en el nivel de conformidad, según la fecha de valoración, son significativas. Antes del 20 de abril de 2023, el 67% de las personas se mostraban algo o totalmente inconformes con la valoración, mientras que después de esa fecha este porcentaje aumenta hasta el 74%. En particular, la proporción de personas totalmente inconformes crece de forma notable, pasando del 32% al 46%.
Medidas urgentes
COCEMFE reclama la adopción urgente de medidas que garanticen una aplicación objetiva y homogénea del baremo de discapacidad. Pide que se cumpla la ley, reduciendo a un máximo de seis meses el tiempo desde la solicitud hasta que la persona es notificada. También solicita reforzar los equipos de valoración con profesionales que tengan conocimiento sobre discapacidades físicas y orgánicas.
Asimismo, desde esta organización solicitan homogeneidad en los criterios entre comunidades autónomas, para evitar desigualdades territoriales. También demandan garantizar la presencialidad y calidad de las valoraciones, limitando las resoluciones que se basan solo en informes facultativos. COCEMFE además pide mejoras en el sistema de reclamaciones y que se evalúe el impacto real del baremo en el acceso a derechos y apoyos, especialmente para las personas de mayor vulnerabilidad.
