Madrid.10/12/2025.- Las entidades impulsoras del Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra grupos en situación de vulnerabilidad denuncian que 2025 vaya a terminar sin la tramitación de esta herramienta de protección. Su aprobación se ha vuelto urgente en un contexto marcado por el auge del odio.
Lo señalan con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Recuerdan que los discursos de odio están a menudo en el origen de casos de violencia y discriminación que vulneran derechos de personas que ya parten de situaciones de fragilidad previa.
Tras casi dos años de trabajo conjunto con las administraciones, las organizaciones alertan de que el informe de conclusiones —que debía elaborarse una vez finalizadas las comparecencias— aún no se ha presentado ante la subcomisión para la lucha contra los discursos de odio. Por ello, insisten en que debe remitirse formalmente con urgencia para poder iniciar la negociación parlamentaria de la que emanará el Pacto. En este sentido, confían en que haya consenso y en que el contenido respete las demandas de los colectivos.
En septiembre, las organizaciones que conforman la alianza por un Pacto de Estado contra los discursos de odio mantuvieron reuniones con los grupos parlamentarios. En esos encuentros trasladaron las líneas imprescindibles para blindar frente al odio a los grupos en situación de vulnerabilidad, y detectaron voluntad política para avanzar.
Prórroga de seis meses
Aún así, el Pleno del Congreso acaba de aprobar una prórroga de seis meses para los trabajos de la subcomisión encargada de la tramitación del Pacto. Según alertan las entidades, esta decisión puede ralentizar aún más su aprobación.
Las organizaciones de derechos humanos consideran intolerable el retraso que está sufriendo una medida tan necesaria. En un contexto en el que el auge de los discursos de odio —y sus consecuencias sobre las personas de los colectivos en situación de vulnerabilidad— es evidente, advierten de que la demora deteriora la cohesión social y la calidad democrática del país.
Así, exigen que se agilicen los trámites y que no haya nuevas demoras. La ausencia de esta herramienta deja expuestas a la violencia a personas que ya enfrentan discriminaciones y desigualdades.
En 2023, más de una decena de organizaciones sociales y los principales sindicatos ya suscribieron un Pacto Social para impulsar esta aprobación y lo presentaron a los partidos. Dos años después, consideran que el Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables no puede retrasarse más.
Medidas del Pacto
Las entidades recuerdan que solo respaldarán un Pacto de Estado que incluya compromisos políticos firmes y que siga las líneas indispensables que trasladaron a los grupos parlamentarios al finalizar las comparecencias ante la subcomisión.
Esta herramienta debe contemplar medidas que garanticen el compromiso de todas las personas clave en el rechazo a los discursos de odio y en el blindaje de los derechos humanos frente a cualquier estrategia que los ponga en cuestión.
Además, reclaman un presupuesto específico y un conjunto de actuaciones concretas orientadas a prevenir, sancionar y revertir los efectos del odio. También piden herramientas que permitan evaluar la eficacia del Pacto y hacer un seguimiento de su cumplimiento por parte de todas las personas implicadas.
Las organizaciones advierten de que estarán vigilantes y seguirán presionando a los grupos parlamentarios para que esta iniciativa —que cuenta con un amplio respaldo político y social— se convierta cuanto antes en una herramienta vinculante y efectiva para frenar el odio.
Las entidades impulsoras del Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad son: Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, Asociación Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, HOGAR SÍ, Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, CCOO y UGT.
