Madrid.9/1/2026.- El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha mantenido un encuentro con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez para trasladarle las principales conclusiones del último Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, donde se concluye que España afronta una encrucijada que marcará su presente y las oportunidades en las próximas décadas
El IX Informe FOESSA afirma que España atraviesa un momento decisivo. Tras décadas de cambios acelerados que han reconfigurado su mapa social, económico y territorial, el país se enfrenta. Para elaborar el estudio se ha contado con un equipo de 140 profesionales de la investigación procedentes de 51 universidades, centros de investigación y fundaciones.
En los últimos años, los indicadores macroeconómicos apuntan a recuperación y crecimiento. La reforma laboral ha contribuido a reducir la temporalidad y parte de la precariedad, y han mejorado las tasas de desempleo, incluido el de larga duración. A su vez, el “escudo social” ha ampliado prestaciones y ha mitigado el impacto de la COVID-19 y de la posterior crisis inflacionaria sobre los colectivos más vulnerables. Destaca el Ingreso Mínimo Vital como un avance significativo en la garantía de ingresos, aunque aún con margen de mejora en términos de cobertura e intensidad protectora.
Propuestas planteadas
Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de la Moncloa, el presidente de Cáritas ha planteado al jefe del Ejecutivo cuatro propuestas que puedan ayudar a atajar las principales causas de la exclusión social en España, que afecta a 9,4 millones de personas, especialmente a la infancia y la juventud.
En un contexto de crisis demográfica y fecundidad frustrada, el IX Informe FOESSA señala que la infancia y la juventud son los eslabones más débiles del actual modelo socioeconómico. El 29% de la niñez en España se encuentra en exclusión, mientras que 2,5 millones de personas jóvenes viven atrapadas en la precariedad estructural, con temporalidad, parcialidad y salarios bajos que duplican la media de la población.
La vivienda se ha convertido además en el epicentro de la desigualdad en nuestro país. Los datos son inequívocos. Uno de cada cuatro hogares está siendo expulsado del acceso residencial digno, mientras que el 45% de las personas en alquiler está en riesgo de pobreza y exclusión.
Sistema integrado de políticas públicas
Frente a esta realidad, Bretón ha subrayado la necesidad de poner en marcha sistemas integrados de políticas públicas, no parches sectoriales; una reforma estructural de la vivienda con una ampliación del parque social en alquiler; la protección económica a la infancia y a la juventud para frenar la transmisión intergeneracional de la desigualdad y una integración migratoria basada en derechos y en convivencia.
“Esto requiere un consenso político. Vivienda, relevo generacional, desigualdad climática, sostenibilidad fiscal, integración migratoria: son políticas de país, no de legislatura. Y demanda un “nosotros” inclusivo. Porque la exclusión es evitable. La evidencia demuestra que cuando hay políticas sostenidas, hay resultados. El desafío
ahora es extender esos resultados a quienes siguen esperando. Ese es el sentido del cambio social que proponemos para España y sus territorios”, aseguró.
Regularización extraordinaria
Sobre las personas migrantes, Bretón recordó que casi nueve millones viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social. Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019.
El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos. Bretón ha solicitado al presidente del Gobierno que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria. “La regularización es la condición de acceso a derechos, empleo y cotización”, recordó el presidente de Cáritas Española durante el encuentro.
Las entidades eclesiales y Cáritas llevan años trabajando por la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular. Esta regularización ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad, con el apoyo de más de 60.000 firmas.
