Madrid.-12/11/2026-. Más de 50 entidades del ámbito oncológico, sociosanitario y vinculadas a la prevención han hecho público un manifiesto contra el cáncer. Un texto que solicita a los partidos, en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre. El objetivo es que el cáncer sea una prioridad en la agenda sanitaria y se siga avanzando para reducir su impacto, mejorar la vida de las personas y aumentar la supervivencia de las personas enfermas.
Son cinco prioridades para prevenir y detectar antes el cáncer, garantizar una atención integral y más humana, reducir el impacto social y laboral de la enfermedad, garantizar la financiación sostenida y creciente de la investigación y la innovación en cáncer y transformar los datos en mejores políticas contra el cáncer.
“El objetivo de este acto y del manifiesto es pedir a todas las fuerzas políticas que sitúen el cáncer como una prioridad de Estado, dado que es la principal causa de muerte en España. No solo para hacerlo visible de cara a las elecciones generales sino para la próxima legislatura. Debe ser la prioridad de salud pública número uno”, destaca Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Las prioridades son más prevención para que menos personas padezcan cáncer, garantizar el acceso a una atención integral y humana en todas las fases de la enfermedad, impulsar la mejora de las condiciones de las personas con cáncer en edad laboral, financiar de una manera sostenible y creciente la investigación en cáncer y garantizar el acceso, la integración y el uso responsable de los datos oncológicos.
Mayor prevención
La prevención constituye uno de los ejes prioritarios del manifiesto. Cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse mediante actuaciones sobre los principales factores de riesgo y es necesario avanzar en políticas que protejan especialmente a la infancia y la adolescencia frente al tabaco y la nicotina.
Entre las medidas propuestas figura actualizar la regulación de los productos del tabaco y sus derivados, equiparar la regulación de los productos relacionados y dispositivos a la del tabaco tradicional, limitar las dosis máximas de nicotina, ampliar los espacios libres de humo y aerosoles, prohibir los cigarrillos electrónicos desechables, incrementar la fiscalidad e incorporar el empaquetado neutro.
En materia de detección precoz, es necesario desarrollar un sistema de información de los programas de cribado interoperable con datos homogéneos y de calidad que permitan evaluar dichos programas.
Sobre garantizar la atención integral, en el Manifiesto se señalan dos medidas esenciales: actualizar la regulación para incorporar indicadores comunes de todo el proceso oncológico, garantías progresivas y medidas correctoras ante demoras.
Reducir el impacto
El impacto del cáncer va más allá de la salud. La enfermedad puede afectar a los ingresos, la estabilidad laboral, las relaciones personales y la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y sus familias.
Según los datos recogidos en el Manifiesto, el 37 % de los nuevos casos de cáncer se dan en personas en edad laboral. El 45 % de ellas declara limitaciones para desempeñar su actividad laboral y el 21 % de las que han tenido que modificar su situación laboral señalan despido o abandono de la actividad. Ante esta situación, es necesario crear una situación especial de incapacidad temporal para las personas con cáncer, adaptada a la duración y características de los procesos oncológicos que incorpore: una protección económica suficiente, incluyendo a personas desempleadas, autónomas y quienes no cumplen los periodos ordinarios de cotización; y reconocer del derecho a la adaptación en el retorno al trabajo.
Especial foco se hace en la población de supervivientes en cáncer. En España hay 2,3 millones de personas que viven con cáncer con unas necesidades diferenciales que es necesario cubrir. El objetivo es consolidar la supervivencia como una fase propia del proceso oncológico, con la finalidad de garantizar una atención integral, coordinada y equitativa y la protección efectiva de los derechos de las personas que han superado un cáncer.
Para lograrlo es necesario un marco común de atención a la supervivencia, planes personalizados que incluyan seguimiento clínico, secuelas previsibles, recursos y necesidades sanitarias, psicológicas, sociales y laborales; y garantizar la detección y atención integral de las secuelas, entre otras medidas.
Políticas pública eficaces
Aumentar la supervivencia en cáncer, y superar el 70 % en el año 2030, requiere garantizar una financiación sostenida, creciente, estable y suficiente de la investigación y la innovación en cáncer. España necesita una estrategia nacional de investigación en cáncer, mediante un Plan Nacional con financiación plurianual que permita dar estabilidad a los proyectos, los equipos y las carreras investigadoras.
También es necesario atraer y retener talento, impulsar la investigación básica, clínica y traslacional, así como los ensayos académicos, reforzar la investigación independiente en tumores de baja supervivencia, raros y pediátricos, y garantizar el acceso a la innovación a todas las personas, vivan donde vivan, para conectar la ciencia con la atención sanitaria en todo el territorio.
Asimismo, considera prioritario garantizar un acceso equitativo a la innovación, facilitar la participación en ensayos clínicos y reducir las diferencias territoriales a partir de la publicación de indicadores comparables de disponibilidad, tiempos y acceso efectivo por territorio. El documento también plantea mejorar la integración y el uso responsable de los datos oncológicos. Para ello, propone consolidar un Registro Estatal de Cáncer que permita disponer de información actualizada y comparable sobre la incidencia, la mortalidad, la supervivencia y la prevalencia de la enfermedad.
La integración de la información clínica también permitiría mejorar la continuidad asistencial, facilitar el acceso seguro a los datos por parte de pacientes y del personal autorizado y reforzar la investigación y la evaluación de las políticas públicas. Según el estudio del SNS sobre el impacto laboral, psicológico y social del cáncer, el 50,18 % de las familias tuvo que desplazarse a otra ciudad para recibir atención o tratamiento. Entre estas familias, un 26,43 % tuvo que organizar el desplazamiento por sus propios medios y un 23,57 % asumió parte de sus costes.
