La Federación Estatal LGTBI+ denuncia que el odio hacia el colectivo se ha vuelto “más visible, organizado e impune”. Desde la FELGTBI+ instan a realizar un Pacto de Estado para frenar una situación que ya ha dejado más de 350.000 agresiones físicas y sexuales durante los últimos cinco años. Este pacto también tendría como objetivo paliar el difícil acceso a la justicia por parte de las víctimas, un factor que ha favorecido la infradenuncia.
El pasado jueves 8 de mayo se celebró la jornada Nuevas tendencias en delitos de odio, un acto en el que la FELTGBI+ reunió a personas expertas y representantes institucionales que coincidieron en la urgencia de actuar ante la violencia LGTBIfóbica que recibe el colectivo y la falta de respuesta por parte de las instituciones.
David Armenteros, vicepresidente de la fundación, reclamó la creación urgente de un Pacto de Estado contra estos discursos de odio que coordine recursos, planifique estrategias a medio y largo plazo, y garantice una atención eficaz a las víctimas. Armenteros defiende que “no basta con reaccionar ante cada agresión” y que se debe “actuar desde la raíz”.
“Llevamos años alertando de una situación que, lejos de mejorar, se agrava. No lo decimos solo desde la observación, lo dicen los datos”, afirma Armenteros. Estas estadísticas, recogidas en la encuesta Estado LGTBI+ 2024, elaborada por 40dB para la FELGTBI+, evidencian que unas 350.000 personas LGTBI+ han sido agredidas física o sexualmente en España desde 2019, y más de 1,1 millones han sufrido discriminación en los últimos cinco años. Sin embargo, según este estudio, solo el 16,5% de las víctimas denuncia los hechos debido al difícil acceso a la justicia.
Compromiso de las instituciones
Aina Calvo, secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres subrayó que, si bien se ha avanzado en materia de derechos, casos como el asesinato de Samuel “marcó un antes y un después”, y puso en evidencia que “no solo son palabras, sino que las palabras importan, y que el lenguaje vertebra la forma en la que percibimos la realidad y cómo nos posicionamos en ella”.
La Secretaria de Estado de Igualdad renovó el compromiso institucional de “mantener en la agenda ministerial el compromiso de manera incansable, de tener la mano tendida a toda propuesta, a todo el activismo, a todas las organizaciones, a todas las personas que trabajáis en esta agenda”.
Análisis de los retos jurídicos
Ángeles Blanco Díaz, vocal de Delitos de Odio de la FELGTBI+, alertó de que “cuando se legitima el discurso de odio, el paso a la acción es un paso corto”. Blanco habló del derecho como “un arma muy poderosa”, y de la educación como una herramienta “mucho más fuerte”, debido a que el derecho “interviene cuando todo lo demás ha fallado”. De esta forma, reclamó un enfoque interseccional en las políticas públicas para abordar la violencia LGTBIfóbica de manera integral y exigió una mayor inversión en recursos específicos para la atención y protección de las víctimas.
María Jesús Raimundo Rodríguez, fiscal adscrita a la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, puso el foco sobre la baja tasa de denuncias y la revictimización que experimentan las personas durante los procesos judiciales: “el 80% de los delitos de odio no se denuncian porque muchas víctimas no confían en el sistema”, señaló. Raimundo afirmó que este año se ha realizado un esfuerzo especial para cambiar esta realidad. “Cuando recibimos una denuncia, nos aseguramos de orientarla hacia una investigación que identifique una posible motivación por LGTBfobia”, explicó.
Javier Fernández González, responsable de políticas LGTBIQ de la Comisión Europea, aseguró que, en el marco de la Unión Europea, “existe una obligación para que todos los Estados miembros tipifiquen los delitos de odio relacionados con el racismo, la xenofobia y la discriminación por motivos de género». Sin embargo, afirmó que esta obligación «no se extiende a otras formas de discriminación, como la LGTBIfobia”.
A pesar de que se están dando avances en la tipificación de estos delitos, su implementación a nivel de todos los Estados miembros sigue siendo un proceso complicado, debido a las diversas diferencias políticas, sociales y culturales que existen en el seno de la UE.
Los peligros del odio cotidiano
Armenteros quiso concluir su intervención hablando de las distintas formas que tiene la violencia LGTBIfóbica de manifestarse. Habló del odio como algo presente “en el insulto en clase, en la discriminación laboral o en la amenaza en redes”. Ante esta situación, Armenteros defendió que “el silencio no puede ser una opción” y que, para frenarlo, hace falta “acción, coordinación y responsabilidad institucional”.
