La Federación de Mujeres Progresistas celebra la inminente renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, destacando su urgencia y necesidad. Consideran que su aprobación en el Congreso supondrá mejoras en la prevención, atención y sensibilización. Además, creen que el nuevo texto actualiza aspectos obsoletos del acuerdo de 2017 e incluye demandas fundamentales de las asociaciones de mujeres.
Adaptaciones a los diferentes tipos de violencias
Con relación a la violencia vicaria, se propone “incluir a menores como víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión del régimen de visitas”. Entre otras medidas, plantea evitar que se mantenga la convivencia o las visitas con el agresor, realizar una evaluación paterno-filial previa cuando lo solicite la mujer víctima de violencia de género y reforzar los equipos de intervención familiar.
La Federación también celebra que el informe recoja el compromiso de incorporar la violencia económica en el ordenamiento jurídico español. Así, se plantea la creación de un nuevo tipo penal que recoja las conductas que busquen «limitar la autonomía e independencia económica de las mujeres». Por otro lado, estudia el «sabotaje laboral», cuando un agresor realiza acciones que impidan a la víctima tener un empleo.
El Pacto de Estado contempla reconocer la violencia digital de género como todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia de las tecnologías. Incluye medidas para informar y capacitar a la juventud en la denuncia de estos delitos. Además, propone crear un delito para castigar «los supuestos de violencia digital o ciberdelincuencia de género, incluyendo la suplantación de identidad» y la difusión de fotos alteradas con inteligencia artificial con contenido sexual o vejatorio.
La Federación estará atenta al tratamiento de la prostitución y el proxenetismo en el nuevo pacto, así como a la necesidad de regular el acceso de menores a la pornografía, advirtiendo de sus graves consecuencias, como la distorsión de la sexualidad y la normalización de la violencia contra las mujeres.El acuerdo contará con un presupuesto de 1.500 millones de euros para su implementación en los próximos cinco años.
