El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de María Teresa Verdugo como fiscal especializada en delitos de odio, un título que llevaban esperando desde hace más de dos años diversas ONG para que la Ley de Igualdad de Trato se aplicase en su totalidad. Entidades de la Alianza por esta ley han celebrado su elección y han manifestado que prestarán su apoyo al Congreso para el cumplimiento de la normativa.
La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación se aprobó el 12 de julio de 2022. El nombramiento del actual cargo se preveía, como tarde, para enero de 2023; sin embargo, se ha producido un retraso de más de dos años. Las entidades que conforman la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato han comentado que sin este organismo era «prácticamente imposible aplicar la ley y resarcir a las personas que sufren discriminación día a día».
Rechazo a la participación en la ley
Tal y como se había previsto tras la aprobación de la ley, las entidades y organizaciones sociales podrían participar en el desarrollo reglamentario de la misma. Sin embargo, pese a que las entidades de la Alianza habían solicitado reiteradas veces por carta esta petición, lamentan que el Gobierno no les haya dado respuesta.
Aprovechando el reciente nombramiento, han vuelto a registrar una petición conjunta de información pública en virtud de lo establecido en la Ley de Transparencia. En ella, piden información sobre el desarrollo del reglamento, así como sobre los canales de consulta pública.
Según expresan las entidades de la Alianza, «las organizaciones especializadas en el acompañamiento a las víctimas de las distintas formas de discriminación deberían ser consultadas en este proceso para aportar su conocimiento y experiencia».
Funciones del nuevo organismo
El nuevo organismo es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus funciones destaca velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, entablar acciones judiciales en los casos más graves de discriminación y solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.
La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, CONVIVE – Fundación Cepaim, Cruz Roja Española, Federación Estatal LGTBI+, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.
