Miguel Salvador, educador de profesión, es presidente de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana. Desde la organización llevan años luchando por la creación de una nueva ley de voluntariado autonómica que sustituya a la norma vigente desde 2001. A raíz de la aprobación de la Ley del Voluntariado de la Comunidad Valenciana el pasado 16 de mayo, Salvador nos habla en esta entrevista de los puntos clave de la nueva norma, el proceso que se ha llevado a cabo antes de su constitución o de los retos que se presentan con su implementación.
Durante el año pasado, el pueblo valenciano tuvo que hacer frente a diversas catástrofes, como el incendio de Campanar y, sobre todo, las riadas provocadas por la DANA. Entre la desesperación apareció una figura crucial en las labores de restauración: el voluntario. La respuesta ciudadana ante esta situación volvió a dejar constancia de que los valencianos son un pueblo que muestra una enorme solidaridad y compromiso con este tipo de causas.
¿Por qué es importante la aprobación de la Ley del Voluntariado de la Comunidad Valenciana?
En la Comunidad Valenciana llevamos con la misma ley desde 2001. Por ese motivo, urgía la necesidad de regular el contexto que se ha ido dando durante más de 20 años, como los nuevos tipos de voluntariado que han ido apareciendo: el voluntariado tecnológico, el digital, el intergeneracional o el ambiental, el apoyo voluntario a los servicios de emergencia… Además de muchas otras novedades.
En este sentido, ¿qué principales novedades trae esta norma respecto a la de 2001?
Durante las ocho reuniones que hemos mantenido desde 2023 con diferentes organismos sociales y políticos se han ido proponiendo muchas enmiendas, aportaciones… Sin embargo, de las que han conseguido aparecer en la ley, yo destacaría, por un lado, la diferencia establecida entre acción solidaria y acción de voluntariado. Esto es algo que se pudo ver durante la DANA: hubo muchas acciones solidarias, que no digo que no se lleven a cabo, en las que se echó en falta cierta regulación. En este sentido, todo el conglomerado de voluntariado tuvimos problemas para gestionarlo todo.
Otra de las principales novedades es la reducción de la edad para realizar voluntariados, que hemos establecido en 12 años, siempre y cuando estén autorizados por padres o tutores legales y sean actividades en las que no exista ningún riesgo para el niño o la niña que desempeña la labor.
También se ha llegado a un consenso para que la Generalitat otorgue un carnet acreditativo a cada voluntario. En relación con esto, además, se acreditará a través de las entidades las horas que los voluntarios dedican a estas acciones para que les puedan servir a nivel curricular y laboral.
Por otro lado, también se ha establecido la obligación de que las entidades realicemos un plan de voluntariado de 5 años (renovable) para que conste en la Generalitat que tenemos planes trazados.
¿Cuál es el proceso que lleva a la aprobación de la ley? ¿Habéis encontrado muchos problemas por el camino?
En cuanto a la aprobación de la ley, creo que ha sido un éxito: es la segunda ley que se aprueba por unanimidad en la Generalitat Valenciana.
Durante el proceso sí que hubo enmiendas por parte de los diferentes grupos políticos de Las Cortes. En general, fue un proceso largo en el que se tuvo que parar muchas veces por diferentes motivos: el incendio de Campanar, la situación de la DANA… Teníamos fechas previstas para que se aprobara antes en el Consell, pero había necesidades más urgentes.
Más allá de eso, ha sido un proceso muy participativo, con muchas reuniones en las tres provincias, muchísimas aportaciones…
Desde la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, ¿hay satisfacción con la norma aprobada? ¿Echáis algo en falta?
Yo, humildemente, estoy muy satisfecho tanto con el equipo como con las entidades. Al principio se nos presentó un borrador de ley que no cuadró: hubo muchas entidades que manifestaron su desacuerdo. Recuerdo que en el borrador había muchísimo voluntariado de parroquia, de centros eclesiásticos y las diferentes entidades consideraron que no era procedente. Por eso, durante las ocho reuniones que mantuvimos con la administración hicimos patente el parecer de las organizaciones.
Otro aspecto en el que insistimos mucho y del que estamos orgullosos es la coordinación del voluntariado. Está muy bien que la gente haga acciones voluntarias, pero si van por libre es muy difícil llegar a donde queremos llegar.
En general, creemos que es una ley bastante actualizada, en la que se contemplan temas muy importantes como los mencionados anteriormente: la acreditación del voluntario por parte de la Generalitat, que computen por ley las horas de voluntariado para que les sirva curricularmente y laboralmente…
En términos de aplicación real, ¿qué retos presenta a medio y largo plazo la aprobación de la nueva ley?
Algo que no queremos que ocurra es que no exista un reglamento interno, como pasa con la norma a nivel estatal. De este modo, la Generalitat se ha comprometido a realizar un reglamento interno protocolizado durante los próximos meses.
A partir de ahora, es muy importante que desde la plataforma, pero, sobre todo, desde las entidades, nos dediquemos a difundir la ley para que la gente sepa que existe una norma que recoge una serie de derechos y que regula todas estas acciones.
Y a la administración pública valenciana, ¿qué demandáis para que exista una correcta aplicación de lo dispuesto en la ley?
Lo que demandamos es lo que hemos pedido durante el desarrollo de la norma, es decir, un contacto directo con la administración: con Vicepresidencia, con Secretaría Autonómica y con la Dirección General. Pretendemos tener encuentros periódicos con estas figuras para que formen parte de la aplicación de la norma.
Por otro lado, queremos que se difunda la ley desde la administración de forma transversal, que sepan que ellos también forman parte de esta. Por supuesto, ahora hay que desarrollarla y potenciar otros proyectos de norma relacionados, como la Ley del Tercer Sector, que es uno de los retos que nos planteamos a partir de ahora.
¿Cómo crees que puede incitar la nueva ley a que la gente se implique más en proyectos de voluntariado?
Pienso que es muy importante difundir la propia ley, explicar en qué consiste, los derechos que conlleva para la persona voluntaria, etc. En general, que sepan que existe una buena regulación y un buen equipo que lucha por estas causas, a las que se pueden adherir.
Para todo ello, insisto, es muy importante que exista una buena difusión de la ley para que todo el mundo sea conocedor de las opciones que ofrece.
¿Cómo crees que afectó la respuesta ciudadana tras la DANA a la visión del voluntariado en la Comunidad Valenciana?
Desgraciadamente, últimamente hemos sufrido ciertas calamidades, como el incendio de Campanar o la DANA. Con estas situaciones, y en general, creo que en la Comunidad Valenciana siempre ha existido una respuesta ciudadana muy buena. Lo que pasa es que muchas veces se da respuesta inmediata al problema y al cabo de unas semanas parece que se va olvidando, por lo que sí que tiene que existir cierto compromiso.
Algo que sí que he visto muy positivo, es que de todos los voluntarios que se movilizaron con la DANA, muchos se han quedado colaborando en diferentes entidades. He observado bastante implicación por parte de muchos ciudadanos, por lo que queremos aprovechar esta coyuntura.
¿Qué indicadores se pueden utilizar para medir la correcta aplicación de la ley?
Tanto en la plataforma como en la administración pública contamos con una serie de elementos que sirven para asegurar una buena aplicación. Lo importante es que exista una continuidad en las acciones y cierta fiscalización para asegurar que los objetivos de la ley se van cumpliendo.