Multitud de familias denuncian el cierre de un centro de Atención Temprana en Boadilla del Monte (Madrid), asegurando que se trata de una decisión “incomprensible” debido a la cantidad de niñas y niños madrileños que siguen esperando para recibir tratamiento.
El Centro de Atención Temprana y Postemprana Carolina Juzdado ha anunciado que no renovará el contrato con la empresa gestora debido a “cambios jurídicos”. Este centro atiende desde 2016 a menores residentes en la localidad de Boadilla del Monte con algún tipo de discapacidad o trastornos del desarrollo.
Decisión Incomprensible
Según ha relatado a la Cadena Ser una de las madres afectadas, el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento del municipio anunció el cierre del centro el próximo 15 de noviembre. Para las familias, se trata de una decisión incomprensible, ya que afirman que esta “es una necesidad para su discapacidad, para su bienestar o para su integración social”.
Por su parte, la Plataforma de Atención Temprana de Madrid ha criticado la decisión a la vez que ha mostrado su preocupación por la saturación de estos servicios en la Comunidad de Madrid.
Según la plataforma, la Atención Temprana en el territorio “está completamente desbordada”. El portavoz de la organización, Óscar Hernández, asegura que actualmente en Madrid hay “1300 niños esperando una plaza con una media de 6 meses”. Además, según el portavoz, “hay cientos de niños esperando más de un año”, lo que para un niño o niña con alteración del neurodesarrollo supone perder un tiempo “que no se recupera”.
Cambios en la Ley de Servicios Sociales
En la reunión que mantuvo el consistorio de la localidad con las familias afectadas, se explicó que el cierre viene dado por los cambios jurídicos que introduce la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2022.
Según lo dispuesto en la norma, la atención especializada a menores con problemas de neurodesarrollo pasan a ser competencia de sanidad y educación.
Por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales asegura que no tienen intención de cerrar el centro, sino que lo que pretenden es que los ayuntamientos informen y adecúen sus servicios a la normativa.
Las familias creen que se trata de “un tema de presupuesto” y critican que ni el Ayuntamiento ni el gobierno de la Comunidad de Madrid les hayan ofrecido una alternativa.
