Madrid.-24/2/2026.- Esclerosis Múltiple España (EME) ha presentado un estudio sobre el procedimiento por el que valora la discapacidad, en concreto esta enfermedad, y concluye que en España existen demasiadas demoras, desigualdades y falta de recursos en la valoración de la discapacidad.
«Análisis del procedimiento de valoración de la discapacidad en España» es un trabajo que revisa en profundidad la nueva normativa de reconocimiento del grado de discapacidad y analiza el impacto que tiene entre quienes conviven con la esclerosis. La investigación ha puesto de manifiesto demoras, desigualdades y falta de recursos en la valoración de la discapacidad en nuestro país.
El informe que se ha realizado se ha realizado junto al Observatorio de Exclusión Social de la Universidad de Murcia también evidencia que los baremos actuales no reflejan adecuadamente la heterogeneidad de la Esclerosis Múltiple. Además, este trabajo denuncia las desigualdades territoriales y la necesidad de poner los medios adecuados para valorar la discapacidad.
El estudio surge al amparo del nuevo marco normativo de la valoración de la discapacidad en nuestro país. La reforma legislativa representa un hito fundamental en la adecuación del sistema español al modelo de la Organización Mundial de la Salud. El estudio, que analiza las deficiencias en los baremos actuales y la heterogeneidad de la esclerosis múltiple, pone en evidencia la falta de especialización de los equipos que evalúan y la escasa coordinación institucional.
Propuestas de mejora
La investigación ofrece una serie de propuestas de mejora para avanzar hacia un modelo más justo e inclusivo. Plantea reforzar la cohesión territorial para garantizar un procedimiento homogéneo, crear un Observatorio estatal que supervise la equidad. También recomienda mejorar la formación especializada de los equipos de valoración. Modernizar y hacer más accesibles los sistemas digitales y desarrollar protocolos específicos para la Esclerosis Múltiple.
Además, propone establecer mecanismos de revisión continua del marco normativo, asegurar la participación tanto de organizaciones, como de personas con discapacidad y promover campañas de información y sensibilización.
