Madrid.-7/4/2026.- Estados Unidos e Israel lanzaban una operación ilegal contra Irán, el pasado febrero. Sin miedo al que dirán y ante la perplejidad de la comunidad internacional el conflicto ha ido escalando. La situación ya es enloquecedora pero aún puede ser peor. De momento, se habla de un impacto bélico global que ha dejado millares de víctimas civiles. Naciones Unidas ha calificado los hechos como una crisis humanitaria de gran nivel.
Según datos recogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) la dimensión que ha alcanzado el ataque pone de manifiesto las consecuencias que sufrirá la población civil si no se llega pronto al ansiado acuerdo de paz. En Irán, la guerra ha dejado ya más de un millar de víctimas mortales, entre las que se incluyen 165 niñas asesinadas durante un ataque perpetrado en horario escolar contra una escuela de educación primaria en Minab.
A estos ataques indiscriminados contra la población civil, se suman también los perpetrados contra infraestructuras de agua y saneamiento, como plantas desalinizadoras e instalaciones petrolíferas. Ello comporta un grave riesgo ambiental y para la salud de las personas. La Media Luna Roja iraní ha alertado del peligro de lluvia ácida en la zona. Un fenómeno que puede ocasionar quemaduras químicas y lesiones pulmonares.
Vuelta a Afganistán
Según estimaciones del ACNUR, al menos 3,2 millones de personas iraníes se han visto obligadas a abandonar sus hogares, principalmente desde Teherán y otras grandes ciudades hacia el norte y otras zonas rurales del país. Entre las personas afectadas, se encuentran las refugiadas afganas.
La población afgana que huyó a Irán ha tenido tradicionalmente acceso a derechos y servicios básicos en el país, como la sanidad o la educación. Sin embargo, desde 2023 se ha observado un cambio en las políticas de acogida, orientadas a la expulsión de este grupo. A finales de 2024, el Gobierno de Irán aprobó una política de deportaciones que entró en vigor el pasado 2025.
Según ACNUR, hasta 1,7 millones de personas refugiadas afganas habrían tenido que volver a Afganistán hasta mediados de 2025, tratándose en su mayoría de retornos forzosos, lo que, sumado a políticas similares adoptadas por Pakistán ha conducido a una presión importante sobre los recursos del país.
Refugios humanos
En el Líbano, desde el inicio de la escalada se han registrado más de un millón de personas desplazadas de manera forzosa en el interior del país y más de 130.000 personas han cruzado hacia Siria. De ellas, 125.800 se encuentran alojadas en más de 590 espacios como colegios o centros culturales habilitados por las autoridades como refugios colectivos.
Muchas otras se encuentran desplazadas sin refugio seguro en el que cobijarse, sobre todo en el sur del país y en las calles de la capital, Beirut, donde muchas personas desplazadas duermen al raso en las avenidas y playas cercanas (en coches, edificios en construcción o tiendas de campaña precarias instaladas en jardines y plazas).
Por otra parte, el ejército israelí está sembrando el terror entre la población libanesa, a través de las denominadas «órdenes de evacuación», que afectan ya a un parte importante del país. Esta figura no está contemplada en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y supone un crimen de desplazamiento forzoso de población civil.
Los ataques indiscriminados del ejército israelí han provocado la muerte de al menos 1.094 personas. Cabe recordar que, con anterioridad a esta última escalada, organizaciones independientes habían verificado violaciones diarias del acuerdo del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 entre Israel y las milicias armadas de Hizbulá.
Emergencia humanitaria
La emergencia humanitaria afecta ya, al menos, a 14 millones de personas que ya eran previamente refugiadas en la región. Líbano, por ejemplo, lleva décadas acogiendo al mayor número de personas refugiadas per cápita globalmente. ACNUR estima que, desde el inicio de la escalada, más de 244.000 personas refugiadas de Siria se han visto afectadas por las hostilidades en el país y que miles habrían vuelto desde el inicio de la escalada, pese a que siguen sin darse las condiciones para un regreso seguro.
Además, hay registradas más de 500.000 personas refugiadas de Palestina, lo que representa cerca del 10 % de la población del país, según UNRWA. Las personas refugiadas palestinas se enfrentan a una situación extremadamente compleja dentro del Líbano, ya que se les excluye de la mayoría de los servicios públicos, se les prohíbe ejercer 39 profesiones y ni siquiera son consideradas formalmente como ciudadanas de otro Estado.
También en Irak, el contexto de seguridad sigue siendo frágil, lo que afecta a la libertad de movimiento y al acceso de las organizaciones humanitarias sobre el terreno. Actualmente, el país registra más de un millón de desplazamientos internos, al tiempo que acoge a más de 350.000 personas refugiadas de otros países. Si bien la escalada no ha provocado aún desplazamientos masivos ni de larga duración, los ataques continuados podrían incrementar el riesgo de desplazamientos forzosos en distintas zonas del país.
Colapso en la región
Se calcula que esta guerra ilegal supondrá un coste económico de 1.000 millones de dólares al día, tal y como ha señalado el jefe de la Agencia de la ONU para la Acción Humanitaria (OCHA), debido al agravamiento de las múltiples crisis que ya atravesaban estos países y las necesidades humanitarias que ya tenían previamente.
️Estos datos solo son la punta del iceberg de una emergencia que se podría agravar exponencialmente en los próximos meses si continúa la escalada bélica, con un mayor número de víctimas mortales, un mayor desplazamiento de población (tanto en el interior de estos territorios como a través de las fronteras) y un colapso de las infraestructuras y servicios básicos, que ya se están viendo afectados.
Para evitar que la magnitud de este conflicto sea aún más dramática, CEAR asegura que es urgente garantizar un alto el fuego efectivo y permanente en Irán, el Líbano, Palestina y toda la región. Asimismo, es necesaria una investigación ágil e independiente para asegurar la adecuada rendición de cuentas y reparación a las víctimas y sus familiares.
Mientras tanto, debe garantizarse el acceso al asilo, de manera ágil y eficaz a las personas necesitadas de protección internacional, especialmente a aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad, incluidas mujeres y niñas, personas LGTBIQA+ y aquellas pertenecientes a minorías religiosas, étnicas y lingüísticas. Por último y con la vista puesta a medio plazo, también es fundamental garantizar el derecho al retorno para quienes deseen regresar a sus hogares.
