Madrid.-13/5/2026.- La Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), ha presentado el informe «El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España», una investigación que plantea la necesidad de reconocer el Derecho al Cuidado como derecho social y de consolidar los cuidados de larga duración como cuarto pilar del Estado del bienestar.
El estudio analiza si España garantiza de forma efectiva el derecho a recibir cuidados cuando una persona los necesita, especialmente en contextos de dependencia, envejecimiento y pérdida de autonomía. Para ello, examina el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la suficiencia de los apoyos públicos, el peso de los cuidados informales y el impacto económico de reforzar las políticas de cuidados de larga duración.
El estudio reconoce que el SAAD ha experimentado avances significativos en los últimos años. A finales de 2025, las administraciones autonómicas habían reconocido a 1.726.288 personas en situación de dependencia. De ellas, 1.610.266 recibían ya 2.274.461 prestaciones de servicio o económicas.
Asimismo, el informe destaca que el denominado “limbo de la dependencia”, personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación efectiva, se ha reducido en más de un 70 % desde 2015, pasando de más de 384.000 personas a algo más de 107.000 a finales de 2025.
Limitaciones estructurales
Pese a estos avances, el estudio advierte de que el sistema mantiene limitaciones estructurales. El proceso de acceso al SAAD sigue tardando, de media, cerca de un año, frente al plazo legal de seis meses. Esta demora, unida a la insuficiente intensidad de algunos servicios y a la persistencia de desigualdades territoriales, impide que el derecho reconocido se traduzca siempre en un derecho efectivo.
El informe estima que el 72,4 % de las personas mayores de 65 años con alguna limitación en su vida diaria no recibe atención efectiva del SAAD. En el caso de las personas mayores con limitaciones severas, la brecha de cuidados se sitúa en el 63,1 %. Además, entre quienes sí reciben cuidados del sistema, el 28 % considera que los apoyos recibidos son insuficientes para responder a sus necesidades.
Ante este diagnóstico, Nacho Álvarez, codirector del estudio, ha señalado que “España ha construido su Estado del Bienestar sobre tres patas (sanidad, educación y pensiones), pero la cuarta pata, los cuidados de larga duración, no ha avanzado al mismo ritmo. Renovar el Estado del Bienestar pasa por hacer efectivo el Derecho al Cuidado como un derecho exigible, en la realidad de las prestaciones y los servicios”.
Por su parte, Jorge Uxó, también codirector del informe, ha añadido que “el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4 % del PIB. Parte importante del estudio es poner de manifiesto la importancia económica de invertir en cuidados, no mirarlo solo como gasto o coste, sino como un proyecto de país”.
Renovar el Estado del bienestar
El estudio plantea que los cuidados de larga duración deben situarse al mismo nivel que la sanidad, la educación o las pensiones, como parte de una renovación necesaria del Estado del bienestar. La creación del SAAD supuso un avance histórico al reconocer un derecho subjetivo en situaciones de dependencia, pero el informe sostiene que este cuarto pilar permanece todavía infradesarrollado.
Desde el enfoque del Derecho al Cuidado, el informe defiende que ninguna persona debería verse privada de los cuidados necesarios, ni ninguna debería verse obligada a cuidar en condiciones injustas. Esto exige reforzar la financiación, mejorar la gobernanza, reducir los tiempos de acceso, profesionalizar el sector, ampliar los servicios domiciliarios y comunitarios, y avanzar hacia un modelo de atención centrado en la persona.
El documento también advierte de que el sistema español sigue descansando en gran medida sobre cuidados informales, realizados principalmente en los hogares y asumidos de forma mayoritaria por mujeres. Según el estudio, estos cuidados informales tienen una magnitud económica equivalente al 3,6 %-4,7 % del PIB, aunque permanecen en buena parte invisibilizados en las estadísticas oficiales.
Desigualdades territoriales
El informe alerta de fuertes desigualdades territoriales en el funcionamiento del SAAD, con diferencias relevantes en cobertura, tiempos de tramitación, intensidad de los servicios, copagos y gasto público por persona beneficiaria. Estas brechas condicionan el acceso efectivo al Derecho al Cuidado en función del lugar de residencia.
Para reducir esas diferencias, el estudio recomienda reforzar la coordinación entre administraciones, establecer estándares comunes y avanzar hacia una “descentralización gobernada”: un modelo capaz de respetar la gestión autonómica, pero garantizando al mismo tiempo niveles comparables de acceso, calidad y suficiencia en todo el territorio.
El informe subraya, además, que mejorar el sistema no consiste únicamente en aumentar horas o cuantías, sino en transformar el modelo. La atención debe orientarse hacia servicios profesionales, apoyos domiciliarios y comunitarios, asistencia personal, accesibilidad en la vivienda, productos de apoyo, alternativas residenciales más personalizadas y mecanismos que permitan adaptar los cuidados al proyecto de vida de cada persona. Indica que invertir en cuidados genera bienestar y actividad económica.
Desde la perspectiva de la Economía de los Cuidados, el estudio analiza el impacto económico de la inversión pública en dependencia y concluye que el debate no debe centrarse solo en cuánto cuesta el sistema, sino también en qué capacidad tiene para generar bienestar, actividad, empleo e ingresos públicos.
El estudio también sitúa la economía de los cuidados como un sector laboral de gran relevancia, con cerca de 1,3 millones de empleos en España. No obstante, advierte de que sigue siendo un sector fuertemente feminizado y marcado por mayores tasas de temporalidad, parcialidad y salarios inferiores a la media. La calidad de los cuidados, señala el informe, depende directamente de la calidad del empleo de quienes cuidan.
Hoja de ruta
De cara a 2030, el estudio sostiene que mantener una inversión similar a la actual en dependencia, en términos de PIB, sería insuficiente para responder al cambio demográfico y podría ampliar la brecha de cuidados. Para cubrir el crecimiento previsto de las necesidades y avanzar hacia una cobertura universal, el informe estima necesario incrementar la inversión pública en el SAAD en torno a 0,6 puntos del PIB.
Según las estimaciones del estudio, ese aumento tendría también un efecto económico relevante: podría contribuir a la creación de 430.000 nuevos empleos y generar un incremento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.
Las recomendaciones del informe se articulan en torno a cinco grandes ejes: reconocer jurídicamente el Derecho al Cuidado; establecer objetivos de reducción de la brecha de cuidados; aumentar de forma sostenida la financiación pública; mejorar la gobernanza y la equidad territorial del SAAD; y transformar el modelo hacia una atención más profesionalizada, domiciliaria, comunitaria y centrada en la persona.
