Madrid.-22/10/25.La Plataforma del Tercer Sector ha comparecido en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para trasladar sus propuestas al Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud. Allí ha trasladado propuestas para garantizar el acceso efectivo a la salud de todas las personas, sin distinciones ni obstáculos administrativos.
La organización reclama que el derecho a la atención sanitaria se reconozca a quienes residan en España. Para acreditar esa residencia, se propone utilizar el empadronamiento como vía principal, pero también aceptar otros medios alternativos como declaraciones juradas, informes de servicios sociales o acreditaciones emitidas por entidades del Tercer Sector. Esta flexibilidad permitiría garantizar el acceso al sistema sanitario sin discriminaciones y con mayor seguridad jurídica.
La Plataforma, además, también considera imprescindible abordar la simplificación administrativa, construyendo un marco jurídico claro, sencillo y homogéneo que evite interpretaciones dispares entre Comunidades Autónomas y garantice el acceso sin demoras ni obstáculos burocráticos.
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, ha señalado que «la universalidad, equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud son los principios en los que se sustenta nuestro sistema sanitario público. Este Proyecto de Ley avanza en esa dirección, pero aún hay camino por recorrer para que nadie quede fuera del sistema por su situación administrativa, origen o condición social».
Propuestas presentadas
La Plataforma del Tercer Sector ha presentado otras medidas concretas para reforzar la universalidad en el acceso a la salud. Entre ellas, destaca garantizar el acceso a la atención sanitaria urgente en todos los casos, sin ningún tipo de condicionamiento, y asegurar la presencia de organizaciones de la discapacidad y entidades del Tercer Sector en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, con el fin de incorporar la perspectiva social en la toma de decisiones. Asimismo, plantea rebajar el grado de discapacidad exigido para acceder a determinadas prestaciones, pasando del 65% al 33%, lo que permitiría ampliar la cobertura a personas que enfrentan barreras significativas en el acceso a la salud.
También se ha propuesto reforzar la atención sociosanitaria incorporando una perspectiva preventiva y comunitaria. Esto permitiría abordar de forma integral las necesidades de personas con enfermedades crónicas, discapacidad, dependencia o personas drogodependientes, mediante una mejor coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y educativos.
«Las propuestas que hemos trasladado no son solo reivindicaciones técnicas; son el reflejo de la experiencia cotidiana de miles de entidades que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad. Desde la Plataforma del Tercer Sector reivindicamos el diálogo y nos ponemos a disposición para contribuir a que esta norma sea una herramienta eficaz para garantizar el derecho a la salud de todas las personas», ha añadido Luciano Poyato.
La Plataforma del Tercer Sector confía en que las propuestas expuestas se tengan en cuenta para mejorar el alcance del Proyecto de Ley y avanzar hacia un sistema sanitario más justo, inclusivo y coherente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
