Madrid.-28/4/2026.- El odio contra la población LGTBI+ aumenta si además eres pobre. Las personas del Colectivo que ingresan menos de 1.000 € al mes, sufren el doble de exposición al odio que las que cuentan con mayores recursos. Lo dice el informe “Estado del Odio 2026”, de la Federación LGTBI+ .
La investigación indica que el acoso por LGTBIfobia afecta al 50% de las personas con menos ingresos, frente al 20% de quienes tienen ingresos más altos. Además, revela que las personas LGTBI+ en situación de desempleo presentan un riesgo mayor de sufrir determinadas formas de odio en comparación con quienes trabajan o estudian.
En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, concluye que “estar en situación de desempleo o tener bajos recursos económicos son factores que incrementan significativamente la posibilidad de ser víctima de odio LGTBIfóbico. Por eso, si las empresas implementan el Real Decreto destinado a garantizar la igualdad LGTBI+ en los espacios de trabajo, reducirán la LGTBIfobia que resta oportunidades de contratación y promoción al colectivo y protegeremos también a las personas LGTBI+ frente al odio”.
Violencias en el trabajo
La coordinadora del grupo Laboral de la Federación Estatal LGTBI+, Meritxell Salazar, explica que “cuando la violencia o discriminación ocurre en el ámbito laboral, las barreras para denunciar y acceder a recursos de protección son mayores debido a las relaciones de poder y al miedo a represalias”. “Por eso, las experiencias de discriminación laboral, al igual que otras formas de odio, provocan niveles elevados de ansiedad, estrés, estado depresivo y miedo en las víctimas”, alerta.
Y es que, según el informe, el centro de trabajo es el lugar donde más agresiones sexuales con intimidación contra personas LGTBI+ se producen: un 21%, frente al 15% que suceden en la calle. De hecho, el ámbito laboral ha pasado de ser el sexto lugar donde más violencia sufría el colectivo, a ser el segundo escenario principal donde ocurren hechos de odio (13% de los casos registrados), solo por detrás de la vía pública. Asimismo, 1 de cada 10 personas LGTBI+ ha vivido experiencias de discriminación laboral vinculadas a interacciones en plataformas digitales.
Reivindicaciones
Por eso, Salazar reclama la aplicación por parte de las empresas del Real Decreto para Igualdad LGTBI+ en los espacios de trabajo que, según recuerda, es de obligado cumplimiento para todas las compañías con plantillas superiores a 50 personas.
“Esta legislación obliga a las empresas a implementar planes y protocolos de igualdad y no discriminación LGTBI+, lo que ayuda a reducir el acoso y las agresiones en el trabajo. Esto es especialmente relevante dadas las elevadas tasas de violencia en el entorno laboral que revela el informe. La prevención de las agresiones en el entorno laboral es una responsabilidad empresarial estructural, no opcional”, declara.
Además, el Real Decreto impulsa protocolos de actuación ante el acoso LGTBIfóbico; canales de denuncia accesibles y confidenciales y medidas de protección frente a represalias. “Esto reduce la impunidad de las personas agresoras y favorece que las víctimas puedan denunciar sin riesgo de perder su empleo o sufrir más violencia”, explica.
Espacios respetuosos
Por eso, la presidenta de la Federación, Paula Iglesias, insta a las empresas “a cumplir la ley y hacer de sus lugares de trabajo espacios más seguros y respetuosos para todas las personas”. “Además, estamos a disposición de todas las compañías que quieran implementar estas medidas y no sepan cómo hacerlo mediante nuestros programas EMIDIS y Yes we trans. A través de estas iniciativas ayudamos a más de 30 empresas al año a atraer y retener talento diverso y combatir la discriminación por LGTBIfobia también en los procesos de selección”, explica la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.
Asimismo, Iglesias reivindica la aprobación urgente de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad que frene la violencia. “Los discursos de odio generan un clima de crispación que normaliza la violencia que se ceba en las calles y en los espacios laborales contra las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Solo podremos frenar el odio a través de un consenso democrático porque están en juego las vidas de miles de personas, en especial, como hemos visto, las de aquellas que a su vez tienen menos recursos para combatirlo”, asegura.
