Madrid.-18/6/2026.- CEAR acaba de publicar su informe anual en el que constata que las dificultades para obtener protección en los últimos tiempos han dado lugar a un descenso del número de personas desplazadas, pese a que la situación y las necesidades de pedir asilo no han mejorado.
CEAR ha denunciado que el incremento de políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos provocaron el primer descenso en una década de las personas desplazadas a nivel global: 117,5 millones, un 5 % menos que el año anterior. Sin embargo, la entidad señala que este descenso no viene acompañado de menos necesidades de protección internacional, sino todo lo contrario, ya que se siguieron intensificando los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en todo el mundo.
Pacto Europeo
Entre esas políticas hostiles, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor el pasado 12 de junio y que plantea importantes desafíos para los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización llama la atención especialmente sobre la lista común de países considerados seguros, ya que entre ellos se incluyen algunos con graves déficits en materia de derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez.
Además, la organización alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que supone graves riesgos para los derechos humanos. Este prevé la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, sin que sea necesario vínculo previo entre la persona y el país. Una medida que sigue el modelo Italia-Albania, paralizado por la Justicia italiana y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
«España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”, sostiene Mónica López, directora de CEAR.
Reducción de asilo
España, registró una reducción significativa de solicitudes de asilo (13,7 %) en 2025, lo que ha frenado la tendencia ascendente observada en los últimos años. Esto se debe principalmente a la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX), el cual no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo. Venezuela se mantiene como la primera nacionalidad, pero las solicitudes de personas de Colombia, Perú o Senegal cayeron estrepitosamente fruto de esta medida disuasoria, que el proceso de regularización está minimizando en parte, aunque solo temporalmente.
Además, la tasa de reconocimiento de asilo descendió más de siete puntos hasta quedarse en un escasísimo 11 %, lo que sitúa a España en el antepenúltimo lugar de la UE en cuanto a resoluciones favorables de solicitudes, solo por delante de Croacia y Chipre. Una vez más muy alejada de la media europea del 34 %, que también descendió considerablemente en el último año.
Caen las llegadas
Las políticas de externalización de fronteras provocaron también una reducción considerable de las llegadas a costas canarias, un 62 % menos que el año anterior. No obstante, aumentaron a Baleares un 24,5 %, consolidándose la nueva ruta que parte desde Somalia. En este contexto, CEAR vuelve a reclamar a España que habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas de vidas en las rutas migratorias.
Además, la organización subraya que el 15 % de las llegadas a costas fueron menores sin referentes familiares. La reforma de la Ley de Extranjería, que facilita la corresponsabilidad entre Comunidades Autónomas, y los autos del Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de quienes solicitan protección internacional han agilizado los traslados a la Península. En total, 581 menores sin referentes familiares fueron derivados desde Canarias a otras autonomías en 2025.
El caso de España
CEAR denuncia en su Informe Anual que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, países de tránsito u origen, sino que también persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España. Esto dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas.
Obstáculos especialmente acuciantes en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna y al empadronamiento. Además, la escalada de racismo y la xenofobia continúan constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión. Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6 % en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.
“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que agrieta la sociedad. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, reclama Mauricio Valiente, director de CEAR.
