Madrid.-30/7/2026.- Una comisión integrada por distintos agentes sociales se ha puesto en marcha para investigar si existen ordenanzas municipales en nuestro país que prohíben conceder licencias de taxi a personas con VIH. Tras una primera indagación, la comisión ha detectado la existencia de, al menos, medio centenar de municipios en distintas comunidades autónomas donde está vigente la medida.
Todo ha partido de una denuncia procedente de la Región de Murcia en la que se advertía de la existencia de ordenanzas municipales en 12 municipios murcianos que impiden de forma expresa el acceso a licencias públicas de taxi (y, por tanto, al trabajo como taxista) a personas que viven con VIH.
A partir de estos hechos se creó una Comisión de VIH y Trabajo, integrada por CESIDA, la Federación Estatal LGTBI+, Trabajando en Positivo, CCOO y UGT. Según la información revisada por la Comisión, se han identificado referencias de este tipo en, al menos, medio centenar de municipios de siete comunidades autónomas: la Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. La Comisión sigue trabajando en colaboración con entidades que participan en la respuesta al VIH en los distintos territorios para detectar otros casos de normas o convocatorias potencialmente discriminatorias.
Seguir investigando
A raíz de esta situación, la Comisión de VIH y Trabajo reclama que esta revisión se extienda a todos los municipios del territorio español en los que aún existan leyes, ordenanzas, reglamentos, bases de convocatoria o trámites administrativos que incluyan cláusulas genéricas como la de “no padecer enfermedad infectocontagiosa” para obtener una licencia o permiso municipal de taxi.
Desde las organizaciones advierten que estas medidas no solo son anacrónicas, sino que se traducen en exclusión, disuasión y vulneración de derechos para las personas con VIH. Como alternativa, se propone una redacción más adecuada para ejercer el trabajo como un certificado médico oficial que acredite que la persona interesada no padece ningún impedimento físico o psíquico para ejercer la profesión de taxista.
Para CESIDA esta intervención supone un paso importante en la defensa de la igualdad de trato y en la eliminación de obstáculos normativos que nunca debieron mantenerse vigentes.
