El pasado miércoles 18 de junio, Cáritas compareció ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados para pedir que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras.
Junto a otras tres entidades, Cáritas han trasladado la necesidad de que “las personas migrantes susceptibles de acogerse a la regularización extraordinaria acrediten una permanencia previa en España de un máximo de seis meses anterior a la solicitud a través de cualquier medio de prueba válido en derecho”.
De esta forma, se pretende aportar una mayor seguridad jurídica a estas personas al fijar “un período de permanencia previa a contar desde el momento de presentación de la solicitud de regularización”.
Por otro lado, estas entidades sugieren que las personas extranjeras puedan acreditar su identidad mediante el pasaporte del país de origen, esté en vigor o caducado.
Antecedentes penales
También recomiendan que se establezca “una serie de normas claras respecto a la valoración de antecedentes penales en España y excepciones a la obligación de aportarlos del país de origen”. Además, defienden una aplicación conforme a la jurisprudencia vigente de las denegaciones de asilo a aquellas personas que suponen “una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público, la seguridad o la salud pública”.
Otra de las proposiciones de este grupo de entidades se basa en que, para las aplicaciones de la nueva norma, se tenga en cuenta a las personas que “se encuentran en situación administrativa irregular o en régimen de permanencia como solicitante de protección internacional”.
En lo referente a la reagrupación familiar, se ha instado a la Administración a que cualquier solicitud de regularización a través del proceso de regularización extraordinaria se haga extensible al cónyuge o pareja estable no registrada con menores en común de la persona solicitante.
Estas entidades consideran que la aprobación de esta ley es un complemento imprescindible al nuevo Reglamento de Extranjería, al dar respuesta a aquellos perfiles que no pueden regularizarse por las vías ordinarias que ofrece la normativa de extranjería.
