La Audiencia Provincial de Cantabria ha celebrado, en la mañana del martes 24 de junio, un juicio contra tres acusados por discurso de odio antigitano. Uno de ellos está acusado de compartir bulos sobre las personas gitanas de Santoña a través de un audio de WhatsApp que tardó muy poco en viralizarse, y otros dos por publicar mensajes de odio extremo contra el pueblo gitano en las redes sociales de Twitter (actual “X”) y Facebook.
El origen de estos mensajes de odio antigitano fueron unas declaraciones del alcalde de Santoña (Cantabria), que vinculaban el COVID-19 con la población gitana del municipio, como propagadora de la enfermedad.
A raíz de las declaraciones del alcalde, se desencadenaron una serie de mensajes antigitanos en las redes sociales y la difusión de bulos a través de audios de WhatsApp. Uno de los audios denunciados por la FSG decía: “Que los cojan y los lleven al penal, me cago en dios, y que los tengan allí, dentro de las murallas, que canten y bailen allí encerrados como en un campo de concentración hasta que se mueran todos, me cago en su puta madre. Están infectando a todo el mundo, con los gitanos y los gitanos, y que los racistas, que somos unos racistas, somos su puta madre. A ver si se mueren todos los hijos de la gran puta, pequeños, niños, abuelos y su puta madre”.
Contagio de odio
Por otro lado, a raíz de estas declaraciones también se publicó en Twitter el siguiente mensaje: «El contagio en Santoña de un clan de etnia gitana deja 5 fallecidos: el alcalde pide ayuda. Aquí tienes la ayuda, alcalde», junto a la imagen de unos botes de gas, similares a los utilizados por los Nazis en el exterminio de personas judías, gitanas y de otras minorías.
En cuanto a las publicaciones en Facebook sobre las que versará el juicio, se trata de mensajes en los que se decía que los gitanos “están todos infectados y muriendo y contagiando a todo quisqui”, y se decía que la policía se iba “a ver obligada a disparar a los gitanos que andan descontrolados por Santoña, o nos van a matar a todos”, añadiendo lo siguiente: “Yo creo que todos entenderemos que se empleen a fondo. Y no creo que ningún compañero de las fuerzas de Seguridad vaya a detenerlos. El cabreo que tienen es enorme porque están cayendo enfermos como moscas”.
Señalamiento público
Estos mensajes tuvieron una gran difusión y repercusión, sobre todo en un contexto de alarma social tan grave como el del COVID-19, en el que las personas gitanas no sólo tuvieron que soportar los efectos de la enfermedad, sino también un señalamiento público falso y estereotipante. Los mensajes sobre los que se juzgará a los acusados se originaron en Santoña, pero lamentablemente se generaron y difundieron mensajes de odio antigitano en muchos otros lugares de España. En efecto, la FSG tuvo oportunidad de realizar un estudio del discurso de odio en el contexto de la pandemia, con el que se concluyó el impacto humano de estos discursos: sentimientos de miedo, señalamiento público, humillación, efecto de chivo expiatorio, estrés, daño a la dignidad y deshumanización, entre otras. Además, se documentó cómo estos mensajes habían fomentado actitudes discriminatorias y de odio contra las personas gitanas.
La FSG denunció ante la Fiscalía especializada estos mensajes el 31 de marzo de 2020, por considerar que constituyen un delito tipificado en el artículo 510.1 del Código Penal, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado. Además, la FSG, por tratarse de un caso tan grave decidió ejercer la acusación popular a través de Charo Alises, abogada penalista experta en delitos de odio.
Hacer justicia
Sara Giménez, directora general de la FSG, ha manifestado su deseo de que “este tipo de mensajes de odio antigitano no queden impunes. Esperamos que el juicio que se celebra hoy acabe con una sentencia condenatoria, que lance un mensaje a la ciudadanía para hacerla consciente de que este tipo de mensajes son perseguibles penalmente y que producen un daño en todas y cada una de las personas gitanas”. Además, ha añadido: “consideramos este caso un litigio estratégico, con el que pretendemos, no solo hacer justicia, sino generar jurisprudencia y una concienciación acerca de la gravedad de los discursos de odio, que no pueden tener cabida en nuestro Estado de Derecho”.
