Madrid.-7/5/2026.- Con motivo de las Elecciones Autonómicas en Andalucía, que se celebran el próximo 17 de mayo de 2026, CEAR presenta una serie de propuestas a los partidos políticos para que incorporen la mejora de la protección internacional y el respeto de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad como una prioridad en la agenda electoral.
En un contexto marcado por el aumento de discursos xenófobos, racistas y de odio, estas propuestas buscan reforzar la convivencia, la cohesión social y la protección efectiva de los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, CEAR plantea medidas concretas para su incorporación en los programas electorales y en la acción política autonómica, desde un enfoque intercultural y de género que garantiza la igualdad, la no discriminación y la atención a la diversidad de realidades.
En total, la organización ha identificado 20 medidas que mejoran la protección y el acceso a derechos de las personas que buscan protección en Andalucía de cara a las Elecciones Autonómicas.
Entre las medidas que reclaman, CEAR destaca la garantía del acceso a derechos básicos, un aspecto que supone un reto para muchas personas migrantes y refugiadas en Andalucía. El empadronamiento, con independencia de la situación administrativa, permite el acceso a otros derechos y actúa como puerta de entrada a servicios esenciales.
Las administraciones deben reforzar los servicios de información, garantizar el acceso universal a la sanidad y a los servicios financieros básicos, y reducir la brecha digital que dificulta el acceso efectivo a los recursos públicos.
Vivienda digna
Los recursos de acogida suficientes y adecuados garantizan una primera atención digna a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. CEAR subraya la necesidad de reforzar estos sistemas, especialmente en contextos de emergencia, desde un enfoque basado en los derechos humanos y la no discriminación.
Además, el acceso a una vivienda digna representa uno de los mayores retos tras la salida de los sistemas de acogida. Por ello, la organización pide impulsar políticas públicas que amplíen el parque de vivienda social, fomenten el alquiler asequible y eliminen las barreras estructurales que dificultan el acceso al mercado inmobiliario, con el objetivo de evitar situaciones de exclusión residencial.
Inclusión educativa y laboral
La inclusión real requiere garantizar el acceso a la educación y al empleo en condiciones de igualdad. CEAR propone eliminar las barreras administrativas que dificultan la escolarización y reforzar los recursos educativos, especialmente aquellos destinados a la adaptación lingüística del alumnado.
El aprendizaje del idioma y el acceso a la formación para el empleo favorecen la autonomía de las personas migrantes y refugiadas. En este sentido, CEAR apuesta por impulsar programas de inserción laboral adaptados, que tengan en cuenta las distintas realidades y necesidades, e incorporen apoyos específicos como la mediación lingüística y cultural.
Sistemas de Protección
Las personas en situación de mayor vulnerabilidad requieren sistemas de protección sólidos, coordinados y centrados en el respeto de los derechos humanos. CEAR indica que es prioritario garantizar la protección de la infancia migrante, especialmente de quienes no cuentan con referentes familiares, así como reforzar los mecanismos de detección y atención a víctimas de trata de seres humanos.
Del mismo modo, la organización reclama mejorar la atención a mujeres migrantes y refugiadas que han sufrido violencias, desde un enfoque de no revictimización y teniendo en cuenta las múltiples discriminaciones que pueden atravesar. Todo ello debe ir acompañado del impulso de políticas públicas de prevención del racismo y la xenofobia, así como de la promoción de discursos responsables que favorezcan la convivencia y la cohesión social.
Coordinación y participación activa
Para CEAR, la coordinación entre administraciones y organizaciones sociales es clave para garantizar una atención eficaz y coherente. Solo a través del trabajo conjunto y sostenido será posible dar respuesta a las necesidades de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas, con el objetivo de favorecer su inclusión y autonomía.
Además, resulta necesario avanzar en la participación activa de las personas migrantes y refugiadas en la vida pública, promoviendo mecanismos que garanticen su implicación real en los procesos de toma de decisiones.
