El Consejo de Ministros ha aprobado remitir al Congreso el proyecto de Ley Orgánica para la protección digital de las personas menores de edad, con el objetivo de reforzar la seguridad en el ámbito digital.
Esta legislación tiene como objetivo proteger a la infancia y la adolescencia garantizando sus derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen y la protección de sus datos personales, además de asegurarles el acceso a contenidos adecuados para su edad.
Una de las principales innovaciones de esta ley es la reforma del Código Penal, que incluye la tipificación de delitos relacionados con los deepfakes de contenido sexual. Este tipo de ultrafalsificaciones, que utilizan el rostro o el cuerpo de una persona sin su consentimiento, será considerado un delito. También se introduce el agravante del grooming (el engaño a una persona menor utilizando una identidad ficticia, sobre todo en términos de edad).
Nuevas medidas para prevenir delitos digitales
La nueva norma contempla, además, la implementación de una pena de prohibición de acceso o comunicación en los entornos digitales, lo que ayuda a prevenir la revictimización y la reincidencia de los agresores. También se establecen medidas para garantizar un uso responsable de la tecnología, con la obligación de los fabricantes de dispositivos digitales de ofrecer controles parentales gratuitos y activados por defecto en todos los dispositivos.
En el ámbito educativo, la ley fomenta la creación de programas para el desarrollo de competencias digitales y el uso responsable de las tecnologías en los centros educativos. Deberán regular, además, el uso de dispositivos móviles y tecnológicos en las aulas y en otras actividades escolares.
En el ámbito sanitario, se desarrollarán programas para prevenir adicciones digitales y protocolos de atención a las personas menores afectadas por comportamientos adictivos. Además, la ley reconoce la condición de víctima de violencia de género o sexual en el ámbito digital, garantizando el acceso a los servicios de información y orientación, de acogida y asistencia psicológica, social y jurídica.
El proyecto incluye la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, que eleva la edad de consentimiento para el tratamiento de datos de 14 a 16 años. También modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual, imponiendo nuevas obligaciones a operadores y influencers, como la verificación de edad y la separación de contenidos inapropiados.
Asimismo, se modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para permitir la intervención judicial en casos de servicios digitales que ofrezcan acceso a contenidos dañinos para menores, pudiendo ordenar su interrupción o retirada.
