La Comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González, ha anunciado un nuevo plan de acción frente al suicidio durante su comparecencia de la semana pasada ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. El plan, que se implementará a partir de 2025, tendrá financiación independiente y está diseñado para abordar de manera integral la problemática de la salud mental en el país, continuando con proyectos como el teléfono de asistencia 024, al cual se añadirán mejoras para recomendar activos de salud a los usuarios.
Además, en cuanto a la importancia de la salud mental, González subrayó la necesidad de una atención integral y de calidad que incluya psicoterapia y una frecuencia adecuada de citas, elementos que actualmente son difíciles de lograr debido a las limitaciones del sistema sanitario. En su intervención, destacó los dos ejes fundamentales de su comisionado: los recursos asistenciales y las políticas públicas, y destacó la importancia de eliminar la división entre lo social y lo asistencial. «Una persona con un trastorno psicótico grave no puede vivir fuera de una institución con una pensión de 500 euros al mes», afirmó.
Sufrimiento psíquico por el trabajo
La comisionada también presentó un proyecto para reconocer y registrar el sufrimiento psíquico derivado del trabajo. Este proyecto contará con la participación de un grupo de personas expertas, que incluirá desde personas dedicadas a filosofía hasta inspectoras de trabajo, pasando por sociólogas, psiquiatras, médicas de familia y enfermeras.
Según el informe PRESME del Ministerio de Trabajo y el Grupo de Expertas en Salud Mental y Precariedad Laboral, se podrían haber evitado 170.000 casos de depresión en 2020 si se hubiera combatido la precariedad laboral. El objetivo del ministerio es establecer un marco común para la detección y reconocimiento del sufrimiento psíquico laboral, facilitando así su registro y seguimiento.
España, de los países europeos con mayor consumo de antidepresivos
González también señaló la tendencia creciente a medicalizar los problemas sociales, lo que ha llevado a un aumento en la demanda del sistema sanitario y a un incremento desmesurado en las listas de espera. «El diagnóstico de esquizofrenia es 12 veces más frecuente en rentas bajas que en rentas altas, y el uso de antidepresivos es aproximadamente 4 veces mayor según la clase social», explicó. Sin embargo, destacó que muchos de estos problemas sociales no se pueden resolver desde las consultas de psicología y psiquiatría.
Actualmente, España es uno de los países europeos con mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Este consumo ha aumentado significativamente, especialmente entre las personas jóvenes. Para abordar este problema, el Comisionado de Salud Mental impulsará un plan integral para la deprescripción de psicofármacos y para la mejora de su uso. Este plan incluirá materiales formativos, guías clínicas y cursos para los profesionales de la salud, así como la promoción de la prescripción social como alternativa a los psicofármacos.
