La Comisión Europea ha propuesto facilitar la aplicación de la figura de ‘tercer país seguro’ por parte de los Estados miembros. Según la Comisión, con esta medida se pretende reducir la presión sobre los sistemas de asilo de los países de la Unión Europea, y así “preservar las garantías jurídicas” para los solicitantes y “garantizar el respeto de los derechos fundamentales”.
¿Qué es un ‘tercer país seguro’?
La idea de ‘tercer país seguro’ es un concepto que se empezó a aplicar en Europa durante los años 80. Se trata de un principio del derecho internacional y de las políticas migratorias que establece que una persona solicitante de asilo puede ser rechazada o transferida a un ‘tercer país’ diferente del de origen y del país al que intenta entrar.
Según lo dispuesto en la legislación de la UE, para considerar “seguro” a este tercer país debe cumplir varios requisitos. Una de las principales condiciones es que la vida y libertad del solicitante no estén amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
Otros de los requisitos para considerar un territorio como ‘tercer país seguro’ pasa por el hecho de que no exista riesgo de daño grave, se respete el principio de no devolución, exista la posibilidad de solicitar asilo y obtener protección conforme a la Convención de Ginebra o que el solicitante pueda acceder al territorio de este país.
Según la Comisión Europea, este concepto permite a los Estados miembro “considerar inadmisible” una solicitud de asilo cuando los solicitantes puedan recibir protección efectiva en un tercer país que se considere seguro para ellos.
¿Qué propone la Comisión?
Según la Comisión Europea, la propuesta que presenta cumple con lo establecido en el Pacto sobre Migración y Asilo, según el cual se debe revisar la aplicación del concepto de tercer país seguro “a más tardar en junio de 2025”. De esta forma, desde la Comisión proponen una serie de cambios en la concepción de esta figura.
Por un lado, la Comisión defiende que ya no sea obligatoria la conexión entre el solicitante y el país de acogida seguro. Es decir, los Estados miembro podrán optar por aplicar este concepto si existe una conexión con arreglo al Derecho nacional.
En segundo lugar, el tránsito a través de un tercer país seguro antes de llegar al territorio de la UE será considerado vínculo suficiente para desviar al solicitante de asilo a este país.
Por otro lado, si no existe conexión o tránsito, el concepto puede aplicarse si existe un acuerdo o arreglo con un país de acogida seguro. Esta opción, sin embargo, no se aplicará a los menores no acompañados.
Por último, la Comisión propone que los recursos contra las decisiones de inadmisibilidad basadas en este concepto ya no tengan un efecto suspensivo automático. El objetivo se centra en reducir retrasos procesales y evitar posibles abusos.
Esta propuesta también exige que los Estados miembros de la UE informen a la Comisión y al resto de Estados miembros antes de crear acuerdos y convenios con terceros países seguros. De esta forma, se podrá controlar que estos acuerdos cumplan con las condiciones establecidas en el Derecho de la Unión Europea.
