La financiación de las redes de apoyos a la toma de decisiones para personas con discapacidad sigue siendo desigual a lo largo del territorio nacional, según relata un estudio de la Asociación Liber. A pesar de los avances legislativos registrados durante la última década, desde la fundación aseguran que “aún queda mucho por hacer” para que estos avances lleguen con la misma fuerza a todo el país.
El estudio, llamado “La situación del apoyo a la toma de decisiones en España”, analiza el reconocimiento y la garantía a la toma de decisiones de las personas con discapacidad. La investigación se centra en cómo la Ley 8/2021 ha impactado en las normativas autonómicas, los avances que ha traído consigo y los retos a los que aún se enfrentan estos servicios de apoyo.
La Ley 8/2021, de 2 de junio, nació con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Entre otras cuestiones, esta norma elimina la incapacitación judicial y figuras como la tutela para personas adultas. En su lugar, establece un sistema de apoyos que respete la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad.
Mediante la publicación del estudio, desde Liber pretenden detectar desigualdades entre comunidades o visibilizar la importancia del concierto social como posible fórmula de financiación para asegurar apoyos estables y de calidad.
El informe, que se presentará de forma oficial el 20 de junio en el Congreso de los Diputados, resalta que hace una década, solo en cinco comunidades autónomas, los servicios de apoyo a la toma de decisiones estaban contemplados como un derecho esencial. En cambio, en 2024, ya son 14 los territorios autonómicos que tienen recogidos estos recursos en la cartera de servicios.
Financiación desigual
Sin embargo, a pesar de los avances conseguidos en cuestiones legislativas gracias a la Ley 8/2021, el estudio argumenta que aún queda trabajo por hacer en materia de financiación. Aunque ya son diez las comunidades autónomas que permiten que los apoyos a la toma de decisiones se presten mediante el sistema de concierto social, según el informe, únicamente en Cataluña y Baleares lo aplican.
Aumento de los usuarios de la red de apoyo
Otro de los datos reveladores que ofrece la investigación es el aumento de personas que reciben apoyos a través de las entidades vinculadas a la Asociación Liber. Según el texto, estas personas ya superan las 4.100 registradas en el año 2023. Además, este crecimiento viene acompañado de un perfil cada vez más envejecido, con mayores necesidades de apoyo y con otros factores que dificultan la provisión de las mismas.
Desde la Asociación Liber aseguran que avanzar en el marco legislativo “es imprescindible”. Sin embargo, argumentan que sin una financiación adecuada, “el ejercicio pleno del derecho a decidir sigue dependiendo del lugar de residencia de cada persona”.
