El pasado martes, el Congreso dio luz verde a la consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a más de 500.000 personas migrantes que residen en España sin papeles ni acceso a derechos básicos. Los grupos del Gobierno, PSOE y Sumar, junto con aliados como ERC, Bildu, Podemos, BNG y PNV, respaldaron la medida. También Junts y el PP, el último en desvelar qué iba a hacer. Este apoyo casi unánime refleja un avance significativo en la legislación migratoria del país.
Para muchos, esta iniciativa representa una «deuda histórica» con el colectivo migrante en España, tal y como la calificó el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna. Por su parte, Gala Pin, de Sumar, señaló que esta ILP contiene un “poquito” de justicia y reparación ante la expropiación de los países del norte de las materias primas de los países del sur global.
Sin embargo, este paso inicial no está exento de desafíos. Algunos diputados expresaron su preocupación por el riesgo de que la propuesta quede estancada en el proceso legislativo, como advirtió el diputado de Bildu, Jon Iñarritu. “Existe el riesgo de que quede en un congelador durante toda la legislatura”.
Por ello, y con el objetivo de garantizar que la ILP no quede en el olvido, se ha propuesto la creación de una comisión de seguimiento para supervisar su implementación. Desde Sumar, su portavoz, Íñigo Errejón, aseguró que no van a permitir que se apruebe la tramitación «para meterla luego en un cajón”.
Más de 700.000 firmas recogidas
Tras más de dos años desde su lanzamiento, esta iniciativa ha representado un esfuerzo colectivo a través de un intenso diálogo con los distintos actores políticos. Entidades como la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), entre otras, han estado respaldando el proceso, llegando a recoger más de 700.000 firmas que han permitido presentar la ILP ante el Congreso de los Diputados.
