El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente el Proyecto de Ley que pone fin al despido automático por incapacidad permanente. La decisión ha salido adelante con 251 votos a favor y el rechazo de Vox con tres votos en contra. Al no haber enmiendas más allá de las interpuestas por el partido de Santiago Abascal, la norma pasa directamente a ser publicada en el Boletín Oficial (BOE) para su entrada en vigor.
Esta reforma fue solicitada por el Ministerio de Trabajo y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo considerara una práctica contraria al Derecho comunitario.
¿Qué cambia con esta ley?
Hasta ahora, una empresa podía despedir de forma automática a una persona cuando se le reconocía una incapacidad permanente, incluso aunque quisiera seguir trabajando. A partir de ahora, eso ya no será posible.
La nueva ley permite que sea la propia persona trabajadora quien decida qué hacer: podrá pedir una adaptación de su puesto de trabajo o un cambio a otro puesto disponible que se ajuste a sus capacidades actuales.
¿Qué deben hacer las empresas?
Las empresas estarán obligadas a valorar esas peticiones y a hacer los ajustes necesarios, siempre que no supongan un gasto excesivo. Para tomar esa decisión, deberán tener en cuenta si hay ayudas públicas que cubran esos costes y el tamaño de la empresa. Solo podrán negarse si demuestran que no es posible adaptar el puesto o que no hay otra vacante adecuada.
Un paso hacia la igualdad
Además, el Gobierno se ha comprometido a presentar en seis meses una propuesta para reformar la Seguridad Social. El objetivo es facilitar que las personas con incapacidad permanente puedan seguir trabajando si lo desean.
También se prepara una reforma para adaptar los puestos de trabajo de quienes sufren una discapacidad sobrevenida en cuerpos como la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Ejército. Esta propuesta debe presentarse en un plazo máximo de un año.
Desde el Ministerio de Trabajo destacan que esta ley garantiza el derecho a trabajar también para quienes adquieren una discapacidad durante su vida laboral. «Hasta ahora, la empresa decidía sola. A partir de ahora, decide la persona trabajadora«, han subrayado fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.
