UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha trasladado al Ministerio de Justicia su posicionamiento en materia penal, así como sus principales propuestas en materia legislativa, en una reunión celebrada en la mañana del jueves, 3 de julio. Durante el encuentro la organización ha pedido la consideración de entidad colaboradora en Adicciones.
Durante el encuentro, UNAD ha defendido una justicia centrada en la reinserción social de las personas que, en un momento dado, han podido cometer un delito. La red considera que la privación de libertad no debe conllevar la pérdida de otros derechos fundamentales como la salud, la educación, el acceso a un empleo, la información o el mantenimiento del contacto con la familia. “El único derecho que debe limitarse como consecuencia de una sentencia penal es el de la libertad”, han defendido.
La cárcel no es la solución
La organización ha reiterado que las prisiones no deben usarse como solución a los problemas sociales. Las causas del delito, a menudo, se encuentran en las graves situaciones de exclusión y vulnerabilidad que viven las personas por lo que, se debe actuar sobre esas causas para prevenir y evitar su reincidencia. La organización defiende que la mejor manera de lograrlo es a través de una inversión sostenida en políticas sociales orientadas a garantizar la igualdad real entre la ciudadanía.
En esta línea, ha reclamado la ampliación del sistema actual de alternativas a la prisión con figuras como la probation, la diversion o la suspensión del fallo, dejando la prisión como una solución excepcional y para los casos más graves.
La red también ha manifestado que la prisión no es el mejor lugar para que las personas se sometan a un tratamiento de drogodependencias efectivo, por lo que consideran que deben finalizarse en entornos terapéuticos ajenos a la cárcel. En todo caso, han subrayado que se debe ofertar siempre un tratamiento a personas con adicciones, ya que para muchas es la única vía de entrada a un proceso de deshabituación.
Alternativas a la prisión
En términos de rentabilidad social y económica, esta organización ha defendido que es más eficaz y menos costoso promover alternativas a la prisión y mecanismos de mediación penal que mantener a las personas en centros penitenciarios. Además, ha destacado el valor de la justicia restaurativa como herramienta para la reparación del daño y la pacificación social, al permitir la participación activa de la víctima y la asunción de responsabilidad por parte de quien ha cometido el delito.
En este contexto, UNAD ha solicitado formalmente al Ministerio de Justicia ser reconocida como entidad colaboradora en materia de Adicciones, con el fin de aportar su experiencia técnica y su conocimiento sobre la realidad social de las personas con adicciones. Así, ha puesto en valor el papel del Tercer Sector de Acción Social para la prevención de la delincuencia y para evitar su reincidencia.
Durante el encuentro se ha reiterado reivindicaciones como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar un tratamiento más justo y adaptado de las personas con adicciones; la modificación del Código Penal para evitar su criminalización; y la promoción de un marco legal estatal que impulse la justicia restaurativa y las medidas alternativas a la prisión.
El Ministerio de Justicia ha mostrado una actitud receptiva y ha manifestado interés por seguir profundizando en estas propuestas.
