MADRID, 16/07/25. La Federación Estatal LGTBI+ ha convocado una concentración para mañana, 17 de julio con el propósito de condenar la violencia racista contra la población magrebí en el municipio de Torre Pacheco . La manifestación tendrá lugar a las 20:00 horas en la Plaza de Callao, en Madrid.
En el comunicado que la plataforma ha elaborado junto a otras organizaciones sociales también se insta al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y al conjunto de las administraciones públicas a investigar la violencia racista producida como «crímenes organizados que buscan quebrar la convivencia».
El anuncio responde a los vídeos y testimonios que durante esta semana han mostrado como grupos neonazis y de extrema derecha persiguen por las calles de la localidad murciana a personas magrebíes, incluidas familias y menores, utilizando como pretexto una agresión para extender el odio y la violencia.
Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, asegura que “lo que hemos visto en Torre Pacheco no son hechos aislados ni reacciones espontáneas, son el resultado de una estrategia organizada que alimenta el miedo para socavar la democracia. Cuando se persigue a personas migrantes por las calles, se está atacando los pilares fundamentales de nuestro Estado de derecho. Y si lo permitimos, si nos quedamos calladas, mañana la diana será otra: las personas LGTBI+, las feministas, las racializadas, las gitanas, y cualquier colectivo que no encaje en su esquema excluyente.”
Políticas públicas y Pacto de Estado
En su comunicado, la FELTGBI+ urge a reforzar las políticas públicas de inclusión y cohesión social como «únicas garantías para proteger la democracia y prevenir nuevas violencias». La organización denuncia el aumento de la violencia «alentada por discursos de odio que se difunden y normalizan en distintos ámbitos sociales y políticos».
Las entidades convocantes recuerdan que los derechos humanos son indivisibles y que defenderlos para quienes llegan a nuestros barrios es defenderlos para todas las personas. En este sentido, Iglesias subraya que «las instituciones tienen la obligación de garantizar la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía, investigando y juzgando a quienes financian y organizan estas agresiones».
Además, las organizaciones exigen la aprobación inmediata y el despliegue efectivo de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, herramienta imprescindible para frenar el auge del odio que legitima estas violencias.
Según la plataforma, este pacto debe incluir medidas integrales que aborden la prevención, la educación en derechos humanos, la persecución legal de los discursos y delitos de odio y el apoyo a las víctimas, «para garantizar una respuesta coordinada y contundente desde todas las instituciones».
