Madrid. 4/09/ 25.- El clima de tensión que rodea a la migración sigue en ascenso. Ahora el foco se centra en menores migrantes no acompañados. Es decir, en una infancia y adolescencia, marcada con la etiqueta de mena que se enfrenta al racismo en un país extraño. Un colectivo vulnerable que debe afrontar en soledad el estigma de la diferencia y, sobre todo, de la pobreza.
En las últimas semanas se ha hablado de falta de medios o de resistencia a la acogida por parte de distintos gobiernos autonómicos. Entre tanto, la extrema derecha hace su agosto. Este ambiente de crispación es el contexto idóneo para inocular el miedo entre la ciudadanía y propagar narrativas xenófobas. El pasado mes de marzo, el Gobierno central llevó a cabo una reforma de la Ley de Extranjería con el objetivo de distribuir entre las distintas comunidades autónomas a 4.400 menores no acompañados procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias.
A partir de criterios como la cantidad de población, la renta per cápita o la tasa de paro, el reparto de estos menores migrantes se ha producido de forma paulatina durante los últimos meses. En este sentido, las reticencias de muchas regiones para asumir estas competencias han encontrado su punto álgido en los últimos días, a partir de los sucesos acontecidos en Madrid.
Una de las comunidades que denunció “sobresaturación” de menores migrantes fue la Comunidad de Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, criticó la desigualdad en el reparto y anunció que recurriría este decreto-ley por la vía judicial.
En este sentido, el pasado 31 de agosto se produjo una agresión sexual a una niña de 14 años, perpetrada, presuntamente, por un menor migrante, residente en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza (Madrid). Las reacciones políticas y sociales no se han hecho esperar. La noche del 31 de agosto, varios encapuchados agredieron a dos de los menores que residen en este complejo de acogida.
En este clima de tensión, Vox convocó el pasado martes, 26 de agosto una concentración frente al centro de menores, situado en la Plaza de Santos de la Humosa, bajo el lema “Vecino: exige seguridad”. Un llamamiento incendiario que recibió la prohibición por parte de la Delegación de Gobierno de Madrid. Para impedir la protesta, se alegó alto “riesgo de alteración del orden público”. Por su parte, el partido de ultraderecha la catalogó como una simple “comparecencia ante medios”. Sin embargo, esta comparecencia provocó una escalada de tensión en la zona y requirió la presencia policial.
Repartir menores
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha intensificado sus protestas ante el reparto de menores migrantes tras estos acontecimientos. Desde el ejecutivo madrileño exigen la repatriación de 46 jóvenes que se encuentran bajo la tutela de la Comunidad y critican al Gobierno central por “multiplicar la llegada” de menores “agresivos” y de desatenderlos mientras “insulta” a los presidentes autonómicos.
Otro de los gobiernos autonómicos que más ha criticado la distribución de menores es el de Baleares. El Govern anunció el pasado 29 de agosto que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, en relación con el decreto del Gobierno central.
Según el portavoz del Govern, Antoni Costa, su comunidad “no puede seguir acogiendo más menores porque los consells insulars están colapsados”. Desde el ejecutivo balear creen que la regulación de la Ley de Extranjería vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidades autónomas al imponer la “arbitrariedad en el reparto de menores”.
Por su parte, el Govern de la Generalitat Valenciana también ha manifestado su descontento ante la distribución de jóvenes tutelados, afirmando que el sistema de protección de menores está tensionado, con una ocupación del 160%.
Por otro lado, desde la Junta de Andalucía señalan a regiones como el País Vasco con la intención de criticar un reparto que consideran injusto. El Ejecutivo autonómico reclama que la comunidad sea considerada una “frontera sur” (al igual que el País Vasco es considerada una “frontera norte”) y así poder recibir más recursos frente a la llegada de migrantes.
Falta de medios
Muchas de las críticas a este reparto vienen dadas por discursos xenófobos impuestos por colectivos de extrema derecha, que aprovechan el ambiente de tensión para propagar argumentos racistas. Sin embargo, los datos también evidencian una falta de recursos que llevan a la sobresaturación y provocan que la atención y la acogida de menores migrantes no cumpla con los mínimos estándares de calidad.
A principios de año, diversas ONGs como Save The Children, Plataforma de Infancia o UNICEF denunciaron la “preocupante” situación de estos niños y adolescentes tutelados y exigieron a la clase política un acuerdo para 2025, el cual sigue sin producirse.
Desde estas organizaciones sociales defienden que, sin un plan nacional de acción, la tensión seguirá creciendo. En este sentido, las ONG piden un incremento de las plantillas que se ocupan de la acogida, éstas deben contar con profesionales con experiencia previa en este campo. También piden que se aumente el presupuesto y que esta financiación sea estable. A juicio de las organizaciones, son medidas imprescindibles para abordar el problema y revertir la situación.
Aunque la reforma de la Ley de Extranjería puede suponer un avance para alcanzar un reparto equitativo y de calidad, el desbordamiento de muchos centros evidencia la falta de medios y pero sobre todo la ausencia de un diálogo intergubernamental efectivo. Todo ello acabará repercutiendo en una sociedad que empieza a estar polarizada ante el discurso antiinmigración.
