El 75% de las personas con discapacidad no reciben con regularidad los servicios sanitarios y sociales que requieren para cubrir sus necesidades. Por esta razón, la Confederación Española de Personas con Discapacidad (COCEMFE) ha reclamado a las administraciones públicas que garanticen el acceso pleno, equitativo y efectivo a la salud de este colectivo.
Según informes de esta organización, las carencias estructurales que afectan a este grupo social ascienden al 80% en el caso de las mujeres con discapacidad. Además, el 81,6% de este colectivo debe asumir gastos adicionales para acceder a tratamientos o productos sanitarios, siendo el 37% quienes afrontan más de 200 euros al mes por este motivo.
En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra 7 de abril, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha denunciado que los servicios sanitarios «siguen presentando graves barreras físicas, comunicativas y de acceso a la información”. El presidente ha explicado que estas barreras, sumadas al desconocimiento generalizado sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, «actúan como factores que intensifican la exclusión social y restringen el desarrollo de la autonomía personal, el derecho a la salud y a una vida independiente”.
Coordinación efectiva
La Confederación apuesta por la coordinación efectiva en todos los niveles como elemento esencial para desarrollar un espacio sociosanitario eficaz, público y universal. “Un auténtico espacio sociosanitario debe contar con presupuesto y recursos suficientes, y adoptar un enfoque preventivo, comunitario y centrado en la persona”, argumenta Queiruga.
De igual modo, el presidente de la Confederación hace hincapié en que uno de los puntos más preocupantes «es la falta de equidad en el acceso a la Atención Temprana” e incide en que este servicio «no puede depender del lugar en el que residas, teniendo en cuenta su importancia para garantizar el pleno desarrollo de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”.
COCEMFE reclama que la Atención Temprana sea reconocida como un derecho universal, garantizado. Pide que se defina una cartera común básica de servicios en todo el país, que se invierta en profesionales y en la formación continua, así como que la intervención se realice también en entornos rurales. Además de defender la equidad territorial, la organización solicita la necesidad de universalizar los servicios de salud y atención social.
