El Ministerio de Juventud e Infancia, bajo la dirección de Sira Rego, ha iniciado el proceso de consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional. Este proyecto busca establecer un marco legislativo que garantice los derechos de las personas adolescentes y fomente su participación activa en los procesos políticos y sociales. El plazo para la presentación de aportaciones ciudadanas concluirá el próximo 30 de noviembre.
La nueva ley pretende cimentar las bases de un «nuevo contrato social justo y sostenible» para las personas jóvenes, abordando temas como los derechos económicos, sociales, democráticos, la salud mental y los retos ligados a la crisis ecosocial. Según Rego, el objetivo es garantizar que la juventud participe activamente en la transformación política y social del país.
La ministra ya había adelantado la intención de impulsar esta norma en su primera comparecencia ante la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso. En esa ocasión, Rego subrayó la importancia de involucrar a la juventud en la elaboración del texto, que será configurado tras un proceso previo de participación juvenil.
Fundamentos y antecedentes
El Anteproyecto se basa en la Estrategia de Juventud 2030, que promueve procesos participativos liderados por el Consejo de la Juventud de España y diversas asociaciones juveniles. Este enfoque busca responder a las demandas de las nuevas generaciones mediante la creación de un marco legislativo nacional que sistematice y garantice los derechos de las personas jóvenes.
En la actualidad, España cuenta con varias normativas internacionales y europeas que regulan los derechos de la juventud, como la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia Europea de Juventud 2021-2027. Sin embargo, el país aún carece de una ley nacional que regule de manera integral los derechos específicos de la juventud, especialmente en áreas como la participación democrática, los derechos económicos y sociales, la salud mental, y los derechos del colectivo LGTBI.
¿Qué incluye la Ley?
Entre las principales áreas que podría abordar la futura ley se encuentran los derechos de participación en los procesos democráticos, incluida una posible reducción de la edad mínima para votar de 18 a 16 años, tema que no está en el documento inicial pero que ha generado un intenso debate. Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso, Sira Rego declaró su apoyo a esta medida, señalando que los jóvenes de 16 años deberían tener voz en las elecciones generales.
En 2023, Sumar presentó una Proposición no de Ley en el Congreso para instar al Gobierno a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de reducir la edad de voto a 16 años. La propuesta fue aprobada con el respaldo de PSOE, Sumar y otros partidos de izquierda, aunque contó con la oposición de PP y Vox.
Hacia un marco legislativo integral
El Ministerio subraya que esta ley desarrollaría lo estipulado en el artículo 48 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a fomentar la participación de la juventud en la vida política, social, económica y cultural. Para Rego, esta nueva norma es crucial para avanzar en la democratización y cohesión social del país.
El proceso de consulta pública está abierto a todas las personas interesadas, con el objetivo de recoger las aportaciones de la juventud organizada y no organizada, en un intento por construir un debate amplio y plural. El Ministerio espera que el texto definitivo del Anteproyecto esté listo para su presentación en 2025.
