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España incumple la ley de igualdad para las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo debido al retraso del Gobierno en la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Este organismo, considerado esencial para salvaguardar los derechos de accesibilidad de las personas con discapacidad, fue contemplado en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuya entrada en vigor data del 14 de julio de 2022.

La Ley estipulaba un plazo máximo de seis meses para la constitución de esta autoridad tras su promulgación. A partir de entonces, y en el plazo máximo de un año, la propia Autoridad Independiente debía presentar una propuesta para la constitución de un Centro de Documentación y Memoria sobre Discriminación, Odio e Intolerancia. Sin embargo, este plazo ha sido excedido, lo que ha motivado la denuncia de CERMI.

Desde CERMI se ha destacado la importancia de esta Ley como un instrumento vital para combatir la discriminación y asegurar el principio de igualdad de manera amplia y completa. La creación de la Autoridad Independiente no solo responde a un requisito establecido por la legislación europea en materia de lucha contra la discriminación, sino que también es fundamental para la implementación efectiva de la normativa estatal.

Entre las funciones asignadas a esta entidad se encuentra la vigilancia del cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, la realización de investigaciones sobre posibles situaciones de discriminación grave y la solicitud de acciones por parte de la Administración del Estado para sancionar conductas constitutivas de infracción administrativa.

Entidades que también lo demandan

Además, CERMI ha recordado que la Ley establece una serie de obligaciones para todo el sector público a nivel local, autonómico y judicial, con el objetivo de promover el derecho a la igualdad de trato, formar al personal en este ámbito, asistir a las víctimas de cualquier forma de discriminación y sancionar las conductas infractoras. Por tanto, el retraso «injustificado» en la creación de la Autoridad Independiente no puede «amparar el desconocimiento o incumplimiento generalizado de la normativa», argumentan desde el Comité.

Al igual que CERMI, otras entidades sociales vienen demandando con insistencia la creación de este órgano, como la Fundación Secretariado Gitano (FSG), que destacó, en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el pasado 21 de marzo, que sin la Autoridad Independiente la norma «es papel mojado» y no llega a las víctimas de racismo y antigitanismo.

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