En el marco del encuentro ‘Parlamento de las mujeres con discapacidad», celebrado en el Senado el pasado 1 de marzo, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció la preparación de un macroestudio sobre las violencias que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad, como parte de un plan integral para promover sus derechos.
Este macroestudio permitirá determinar los riesgos y factores de vulnerabilidad que sufren las mujeres con discapacidad. Un estudio que, en palabras del ministro, resulta muy necesario actualizar. Y es que, según reveló la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (realizada en el año 2019), el 40,4% de las mujeres con una discapacidad acreditada ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja. Un porcentaje de casi 10 puntos más respecto a las violencias que sufren las mujeres sin discapacidad (el 31,9%).
Durante el encuentro, Bustinduy también abordó la necesidad de reformar la Ley de Discapacidad y la Ley de Dependencia para adecuarlas al nuevo Artículo 49 de la Constitución, recientemente modificado. Una reforma que fue aprobada en el Congreso y el Senado el pasado mes de enero con un amplio consenso y que logró que se eliminase el término ‘disminuidos’.
«Esta reforma expresa el compromiso de los poderes públicos con las mujeres con discapacidad, también con las niñas y niños, consagrando así el feminismo y la inclusión al máximo nivel normativo, y haciendo que nuestra Constitución sea pionera en este sentido”, declaró el ministro.
Asimismo, La Ley de Familias, presentada ese mismo día en el Consejo de Ministros, también fue mencionada por el ministro como «un paso importante para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad a formar una familia«. Así como para mejorar el acceso a la atención temprana para menores de edad con dificultades de desarrollo.
«Seguir luchando por sus derechos»
Por todo ello, Bustinduy aseguró que las mujeres con discapacidad tendrán una «voz propia» en los desarrollos normativos futuros y las felicitó por su lucha para avanzar en la conquista de derechos. «El feminismo y la perspectiva de género vertebran nuestra acción en el gobierno”, reivindicó, animando a las más de 300 mujeres con discapacidad reunidas en el Senado «a seguir luchando por sus derechos».
Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo, se sumó a este compromiso, señalando la urgencia de eliminar las discriminaciones y obstáculos que sufren las mujeres con discapacidad. En ese sentido, Calvo hizo hincapié en la situación laboral, donde el 80% de estas mujeres se encuentran fuera del mercado laboral, lo que limita su autonomía e independencia.
En cuanto a la brecha salarial, la secretaria de Estado declaró que las mujeres con discapacidad cobran un 12,5% menos que los hombres con discapacidad y un 30,9% menos que los trabajadores varones en general.
